Grave situación jurídica de dos de los congresistas detenidos por œparapolítica

La Corte Suprema de Justicia decidió abrir una nueva investigación contra los congresistas Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar, detenidos en la cárcel La Picota por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
La Sala Penal del alto tribunal determinó ampliar la indagatoria de Vives y Campo Escobar, por los delitos de constreñimiento al elector y alteración de resultados, presuntamente cometidos en las elecciones para Congreso, en marzo de 2002.
El magistrado Sigifredo Espinosa, presidente encargado de la Sala, explicó que la nueva imputación contra los dos parlamentarios, se hizo con base en varios testimonios, entre ellos el del gobernador del Magdalena, Trino Luna Correa, el del ex candidato presidencial Horacio Serpa, y el del ex jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias œJorge 40.
œEsos testimonios no alcanzaron a desvirtuar los delitos que se les imputan a los congresistas Vives y Campo, por concierto para delinquir y delitos electorales, exlicó el jurista.
De otra parte, Sigifredo Espinosa aseguró que por ahora la Sala Penal de la Corte no ha decidido la situación jurídica de los cinco congresistas investigados por la firma del Acuerdo de Ralito.
El magistrado explicó que la comisión especial de investigación de la Corte, continúan practicando pruebas y escuchando testimonios, y dijo que oportunamente se informará si deciden o no dictar orden de captura contra los parlamentarios que suscribieron el polémico documento.
Los congresistas que están a la espera de la decisión de la Sala Penal, son los senadores Juan Manuel López Cabrales, Miguel De La Espriella, William Montes y Reginaldo Montes, y el representante a la Cámara José De los Santos Negrete.