Procuraduría pide el cierre de EPS que maltraten a la gente

El procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, exigió de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de la Protección Social, la adopción de drásticas medidas encaminadas a garantizar la debida atención de millones de colombianos por parte de las Empresas Prestadoras de Salud.
El jefe del Ministerio Publicó, dijo que el organismo estará muy atento a la actuación de esos organismos para proceder en consecuencia. Dijo que el gobierno está en la perentoria obligación de garantizarle a los ciudadanos que están haciendo sus aportes en las EPS, la presentación de un servicio digno, eficaz, confiable y sobre todo oportuno.
"Tenemos casos lamentables en que cuando se le concede la cita a la persona que la ha solicitado, los familiares se limitan a informarles a las Empresas Prestadoras de Salud que el paciente ha fallecido", dijo el procurador.
Maya Villazón insistió en la vigilancia expresa que a partir de la fecha ejercerá la Procuraduría para que tanto la Supersalud como el Ministerio de Protección, actúen e impongan sanciones ejemplarizante.
"Que se llegue al punto de cancelar licencias de funcionamiento a las EPS por la mora en la prestación de los servicios a los ciudadanos que como lo dije, llega primero la muerte que la atención", puntualizó el jefe del Ministerio Público.
El gobierno advierte que cerrará las EPS que maltraten a sus usuarios
El superintendente de Salud, José Renán Trujillo, anunció drásticas sanciones contra las EPS que den un trato inhumano a sus pacientes, que incluso llegarían a la cancelación de sus licencias de funcionamiento, como lo exigió el procurador.
Según el superintendente, desde el pasado mes de diciembre se viene adelantando unas auditorías integrales a todas las entidades prestadoras de salud, por lo que ya se retiró la licencia de la ARS Barrios Unidos del Chocó y se están interviniendo algunos hospitales.
"Nosotros tenemos la función asignada de unas multas sucesivas hasta por mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Inclusive si se reincide o si los hallazgos que encuentra la Superintendencia son de gran magnitud, podríamos avanzar al retiro de la licencia", agregó el superintendente.
Recordó que los usuarios que quieran alzar sus quejas lo podrán hacer ante la Federación Colombiana del Consumidor, Federación Nacional de Universidades, Contraloría, Fiscalía y muy próximamente ante los personeros.
Minprotección aprobó el informe de la Procuraduría, pero pidió no generalizar
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, manifestó estar de acuerdo con el estudio presentado por la Procuraduría, donde se evidencia el trato inhumano de usuarios por parte de las EPS, sin embargo, sostuvo que no se puede generalizar.
"Hay casos donde se colocan obstáculos para la atención, pero no se puede generalizar y decir que son todas las EPS", precisó el titular de la Cartera, quien además agregó que la Defensoría del Pueblo ha venido mejorando la calificación de los usuarios al sistema de salud en los dos últimos años.
El ministro precisó que se debe buscar mecanismos más eficientes para garantizar que la población tenga un mejor acceso a la salud, como lo es la Ley 1122 de 2007 que fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente de la República.
Las EPS también se pronunciaron
Por su parte Juan Manuel Diaz Granados, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), dijo que las EPS brindan un enorme volumen de servicios en todo el país, y exigió que la Procuraduría que puntualice los casos o problemas presentados en el trato de usuarios, con el fin de corregirlos y prestar un mejor servicio.
De acuerdo con el funcionario, las EPS del país brindaron en el último año más de 120 millones de servicios como consultas médicas, exámenes de diagnóstico, hospitalizaciones, atención de urgencias, entre otros; así como más de 40 millones de formulas médicas.
Frente al tema de las tutelas, Diaz Granados, sostuvo que desde hace trece años funciona el Plan Obligatorio de Salud, donde hay medicamentos y servicios que no se encuentran incluidos y que las EPS no están obligadas a suministrar, lo que mueve al usuario a instaurar una acción de tutela.
Puntualizó que las cuentas presentadas en el último año por parte de las EPS por concepto de recobro de tutela y medicamento al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), superaron los 400 mil millones de pesos.