Justicia paraguaya vincula a las FARC en el asesinato de la hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas

Un tribunal paraguayo declaró culpables a los principales acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, y también fue comprobada la vinculación al hecho del grupo armado ilegal FARC.
La Fiscalía sostuvo que los secuestradores recibieron el asesoramiento de las FARC en las negociaciones con los Cubas, que pagaron un rescate de 300.000 dólares dos meses después del secuestro.

El tribunal halló culpable de cinco cargos a Osmar Martínez, ex secretario general del izquierdista Partido Patria Libre (PPL), a quien consideró líder del grupo que secuestró a Cecilia, el 21 de septiembre del 2004, y en el que estaban integrados la mayoría de los otros 14 acusados.
Según el tribunal, "no existe la más mínima duda" de la vinculación de las FARC con los acusados y su presidenta, la jueza Elsa García, afirmó hoy al leer la sentencia que "ha quedado demostrado el asesoramiento" de esa organización "en las tareas de Martínez".
Durante las audiencias del juicio, que comenzó el 17 de julio, el Ministerio Público mostró un intercambio de correos electrónicos entre Martínez y Rodrigo Granada, el considerado "canciller" de la FARC, ahora preso en Colombia tras su detención en Venezuela.

Anastasio Mieres, lugarteniente de Martínez, fue declarado culpable de los delitos de secuestro, extorsión, extorsión agravadas, homicidio y asociación criminal. Las penas que recibirán los culpables serán anunciadas por el mismo tribunal posiblemente el próximo viernes.
La presidenta del tribunal explicó respecto al acusado Aldo Meza, ex miembro del PPL, que no podría ser juzgado en este caso porque ya fue condenado por otro secuestro cometido por la misma organización criminal. Meza cumple una pena de 18 años de cárcel por el secuestro de María Edith Bordón, esposa de un acaudalado empresario, liberada el 19 de enero de 2002 tras 64 días de cautiverio y el pago de un rescate de un millón de dólares.

Los jueces absolvieron de todos los cargos a tres de los acusados, entre ellos a José Martínez, hermano del considerado jefe del grupo. Los otros nueve procesados fueron considerados culpables, con distinto grados de implicación, en alguno de los delitos juzgados.

Los magistrados tienen que debatir ahora las penas correspondientes a cada acusado, que pueden alcanzar los 25 años de reclusión, la condena máxima en el país, con una condena adicional de hasta diez años como "medida de seguridad".