Líderes cívicos conminan a Evo Morales a resolver la crisis o harán paro

Los líderes cívicos de ocho de los nueve departamentos de Bolivia dieron hoy tres días al presidente Evo Morales para resolver la crisis que vive el país, bajo la amenaza de un paro el viernes, mientras miles de indios y campesinos llegaron a La Paz para exigir que el Senado apruebe una nueva ley agraria.
La decisión de los Comités Cívicos fue respaldada inmediatamente por los prefectos (gobernadores electos) de cinco departamentos, todos opositores a Morales, y adelantaron que tomarán las "acciones que sean necesarias" para obligar al gobierno a respetar la ley.
La reuniones de las organizaciones cívicas y de los gobernadores regionales se realizaron en paralelo en la ciudad de Cochabamba (centro del país), en medio del hostigamiento de militantes del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Entre tanto, miles de indígenas y campesinos pro gubernamentales empezaron a llegar hoy a La Paz para exigir que el Senado, dominado por la oposición, no bloquee un proyecto oficial de ley que prevé la confiscación de tierras.
Morales encabezará mañana en esta ciudad, sede del gobierno y del parlamento, una manifestación de los indígenas y campesinos, tras llegar de Holanda y antes de seguir viaje hacia Nigeria y Cuba.
El presidente tuvo que dividir en dos su gira por esos países al bloquear la oposición el viernes pasado el permiso parlamentario para que pudiera ausentarse de Bolivia durante más de cinco días.
A la cita cívica de Cochabamba acudieron los presidentes de los Comités de Santa Cruz, La Paz, Beni, Tarija y Pando, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, que suman más del 90 por ciento de la población y el territorio de Bolivia.
A su vez, a la de prefectos asistieron los de Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Tarija y Pando.
Cívicos, prefectos y partidos opositores exigen a Morales detener "los procedimientos legislativos en curso que han generado conflictos en las regiones, hasta tanto la Asamblea Constituyente empiece a deliberar el nuevo texto constitucional por dos tercios de votos de sus miembros", dice el documento de los primeros.
El MAS impuso hace diez días en la Asamblea un reglamento que indica que los artículos de la nueva constitución serán aprobados por mayoría absoluta (el oficialismo tiene 137 de los 255 escaños), en vez de los dos tercios prescritos en la Carta Magna actual.
Además, los opositores rechazan un proyecto oficialista de ley agraria que prevé expropiar tierras que el Ejecutivo considere improductivas, y otro que faculta al Congreso para censurar a los gobernadores electos y a Morales para destituirlos.
El documento del Movimiento Cívico anuncia que desde hoy se fortalecerá la huelga de hambre que iniciaron dirigentes y militantes de la centrista Unidad Nacional (UN) hace 14 días, y líderes del Comité Pro Santa Cruz el viernes pasado, a la que se han sumado ya casi 300 personas en todo el país.
Si Morales no resuelve todos esos conflictos en 72 horas, los comités cívicos encabezarán el paro el viernes.
La excepción será la ciudad sureña de Sucre, capital oficial de Bolivia y sede de la Constituyente, que optará por movilizaciones callejeras, según dirigentes de esa región.
Los cívicos también piden a Morales respetar los resultados del referendo celebrado en julio pasado, cuando ganó el "sí" en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones que quieren avanzar hacia un régimen autonómico.
La declaración de los prefectos lamenta que el gobierno no ha escuchado "las innumerables convocatorias al diálogo y reiterados pedidos para que se respete la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente", en referencia a los dos tercios.
Por eso, "concluido el plazo de 72 horas otorgado por las organizaciones cívicas y democráticas, se asumirán las acciones que sean necesarias", hasta que el gobierno y sus representantes en la Asamblea respeten la legalidad vigente, agregan los gobernadores.
Insisten en que Morales debe "reconsiderar su postura, aceptando que el texto de la nueva Constitución sea aprobado por dos tercios de los votos y no por la mayoría detentada por un solo partido".
Ante el hostigamiento de militantes socialistas a la Prefectura de Cochabamba y a la sede de la reunión cívica, los gobernadores conformaron una comisión jurídica para "preparar recursos legales para la defensa de los derechos humanos".