Los 'paras' serían vinculados como delincuentes políticos a través del concierto para delinquir

El concierto para delinquir sería considerado como un delito político dentro de la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se negocia con las Autodefensas, según un proyecto de decreto el gobierno.
El ministro del Interior, Carlos Holguín, señaló que el proyecto de decreto que reglamenta la Ley de Orden Público, "pretende hacer un complemento a la reglamentación de la Ley 782 para darle mayor seguridad y certeza a las decisiones que se han tomado con relación a la masa de los desmovilizados de las autodefensas".
El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, informó que eso implicaría que el concierto para delinquir de los desmovilizados de las AUC deba entenderse como un delito contra el régimen constitucional y legal.
Informó que el gobierno expidió este martes un decreto por medio del cual se autoriza a la Fiscalía para que llame a versión libre, para ratificar su acogimiento a la Ley de Justicia y Paz, a los miembros de las Autodefensas que lo quieran hacer.
El ejecutivo, también dio a conocer el proyecto de decreto reglamentario de la ley de Justicia y Paz, con el propósito de abrir un debate en la opinión pública para enriquecer el decreto final que será expedido en los próximos días.
Este establece que la verdad es un requisito fundamental para recibir los beneficios de Justicia y Paz.
Son 16 extraditables con órdenes suspendidas
El comisionado dijo que la lista de postulados que el gobierno presentó a la Fiscalía es de 2.695 personas que se quieren acoger a la ley de Justicia y Paz, y agregó que entre estos desmovilizados hay 16 requeridos por los Estados Unidos, al igual que otros 8 que están condenados en las cárceles.
Restrepo aclaró que hasta el momento, Salvatore Mancuso, Diego Murillo, alias "Don Berna", Juan Carlos Sierra y Vengochea, se les suspendió la orden de extradición por ser miembros representantes en la negociación que adelantan con el gobierno, pero si incumplen los requisitos de ley serán entregados a las autoridades que los requieren en el exterior.
Señaló también que se mantienen las penas de cinco a ocho años y deberán reparar a las víctimas con los bienes ilícitos y si es necesario con los legalmente adquiridos.
El proyecto de decreto plantea la alternativa que permite validar el tiempo de permanencia en las zonas de ubicación, como parte de la condena.
Los proyectos de decreto de ley de Justicia y Paz, están publicados en la página de la presidencia de la República, para que los colombianos hagan sugerencias sobre los mismos.
Revuelo en los sectores de la oposición genera el tema
Con severos enjuiciamientos al gobierno fue recibido entre los sectores de la oposición el proyectado decreto reglamentario sobre la ley de justicia y paz mientras que voceros uribistas salieron en su defensa.
El Vocero del liberalismo , senador Juan Fernando Cristo, explicó que el Gobierno no solo esta jugando con candela sino que esta burlando la sentencia de la Corte Constitucional y dijo a manera de ejemplo que se pretende contabilizar el tiempo de Ralito como tiempo de reclusión .
El senador Gustavo Petro, vocero del Polo Democrático, afirmó que parece un decreto calcado al tamaño de los intereses del narcotráfico violando la sentencia de la Corte Constitucional.
Armando Benedetti, quien fue coordinador ponente de la norma, expresó que es un decreto que respeta el fallo de la Corte Constitucional, no modifica ni toca para nada la extradición y obliga a los victimarios a reparar de su propio pecunio a las víctimas cuando el Fondo creado por el estado no disponga de recursos.