La Corte "rajó" al Ministerio del Interior y Acción Social en la atención a los desplazados

La Corte Constitucional llamó la atención del gobierno nacional para que cumpla eficazmente la atención integral de los cerca de tres millones de desplazados por la violencia que se presentan en el país.
El magistrado Manuel José Cepeda, señaló que el Ministerio del Interior y la oficina de Acción Social de la Presidencia de la República, son los organismos que están fallando en la atención de la población desarraigada.
Sin embargo, reconoció que los Ministerios de Agricultura y Educación, el Sena y Bienestar Familiar, han mejorado en su respuesta frente a las necesidades de los desplazados por el conflicto armado colombiano.
El magistrado manifestó que a través de los 82 informes compuestos por 20 mil folios, el gobierno nacional no demuestra con resultados de gestión, la atención a las comunidades de desplazados por la violencia.
Este llamado de atención se conoce a un mes de que se cumpla el plazo para que los el gobierno colombiano demuestre la aplicación de una política integral para responder a las necesidades de los desarraigados, a riesgo de incurrir en un desacato.
Manuel José Cepeda advirtió que œlos informes presentados por el gobierno no demuestran que se haya superado el estado de cosas inconstitucionales en que se encuentran los desplazados y tampoco demuestra que se haya avanzado significativamente en el cumplimiento de la órdenes impartidas por la Corte en la sentencia T-025 de 2004".
Aseguró que los informes adolecen de serias falencias y por eso la Corte Constitucional después de estudiarlos cuidadosamente tomó la decisión de devolver al gobierno todos los reportes presentados en el último año.
Cepeda Espinosa señaló que lo que corresponde en el mes que sigue es presentar unos informes con claros reportes de gestión con miras a demostrar que se ha avanzado realmente en la protección de los derechos fundamentales de los desarraigados.
Agregó que esos informes deben ser breves y al grano, que no exceda de 60 páginas, aprobado por el Consejo Nacional de Atención de la Población Desplazada y remitido formalmente por Acción Social.
Allí deben constar los resultados efectivos alcanzados en la atención de las necesidades de la población desplazada y debe entonces aplicarse los indicadores de gestión en materia de salud, educación, tierras, asistencia de emergencia y humanitaria.