El Congreso construye un túnel sin licencias

El túnel que construye el Congreso de la República, entre el Capitolio Nacional y el edificio donde funcionan las oficinas privadas de los legisladores, no tiene autorización de una curaduría urbana.
Las obras de excavación han avanzado en un 35 por ciento pero el Congreso no tiene en su poder la licencia que ordena la Ley 388 de 1997, que exige ese requisito cuando se trata de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización o de terrenos urbanos.
Aunque la directora Administrativa del Senado, Selma Patricia Samur, dijo que se han tramitado todos los permisos requeridos, el arquitecto coordinador del proyecto, José Antonio Manjarrés, dijo que esta semana se radicó la solicitud ante la Curaduría Urbana No. 1 y se espera también un permiso del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
El permiso del IDU es obligatorio, porque el túnel debe atravesar un tramo de la carrera séptima en la zona histórica de Bogotá.
Manjarrés afirmó que otros permisos ya se obtuvieron, como el de la Corporación La Candelaria, que regula el uso de los inmuebles en ese sector de conservación urbana.
El túnel del Congreso se construye con una longitud de 137 metros y una profundidad entre 3.5 y 4 metros. Tendrá un ancho de tres metros y una pequeña sala de estar en la mitad de su recorrido. Su costo está calculado en 4 mil 104 millones de pesos.
Las normas urbanísticas exigen que las curadurías urbanas deben estudiar, tramitar y resolver las solicitudes de licencias de construcción, así como las de prórroga, revalidación y modificación de dichas licencias.
La ley 388, aprobada por el Congreso, establece que quien construya sin licencia será sancionado con multas sucesivas que oscilan entre 70 y 400 salarios mínimos mensuales, además de la suspensión de los servicios públicos domiciliarios.