El 23 de mayo Uribe sería llamado a juicio disciplinario ante el Congreso

Los candidatos presidenciales Alvaro Uribe Vélez, aspirante a la reelección, y Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo, sostendrán un nuevo "debate" pero esta vez de carácter jurídico-político en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Se trata de una investigación disciplinaria solicitada por Gaviria Díaz contra el presidente Uribe por el presunto nombramiento irregular del gerente liquidador de la empresa Minercol.
El proceso, de tipo disciplinario, fue cerrado en su etapa investigativa por el representante ponente, el liberal Javier Miguel Vargas, quien corrió a las partes las respectivas notificaciones sobre las cuales no procede ningún recurso.
En consecuencia, a partir del 23 de mayo, cinco días antes de las elecciones, el representante investigador debe dictar un auto ya sea llamando a juicio a Uribe o declarando la preclusión del acto. En cualquiera de las dos circunstancias, la decisión debe ser aprobada por el pleno de la Comisión de Acusación, de inmensa mayoría uribista.
El presidente de la misma, el conservador Marino Paz Ospina, dijo que en caso de ser llamado a juicio y con aprobación de la Comisión, el proceso pasaría a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes, también de mayoría uribista, que en el mejor de los casos (aceptar la culpabilidad de Uribe), la remitiría al Senado para su juzgamiento.
Los hechos, materia de investigación, se derivan del nombramiento de Juan Luis Velasco como liquidador de la estatal empresa Minercol, quien se encontraba inhabilitado para desempeñar el cargo. Dicho nombramiento, que no fue revocado por el presidente Uribe, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, lo que según el Código Disciplinario Unico se califica como falta gravísima sancionable con destitución del cargo.
La decisión del Consejo de Estado motivó la denuncia de Gaviria, interpuesta hace dos años, pero que en su proceso investigativo ha tenido dilaciones. El representante Vargas anunció hace seis meses que debió enviar a su hija hacia el exterior, debido a una serie de amenazas que recibió por estar investigando al Presidente.