Indígenas mantienen las protestas pese al estado de emergencia

Ecuador se mantenía expectante hoy, un día después de la declaración del estado de emergencia en seis provincias del centro del país, donde continúan las protestas indígenas contra la firma de un Tratado de Libre Comercio con EEUU.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) mantiene su convocatoria de movilizaciones, pese al control militar impuesto por el estado de emergencia, dijo hoy su presidente, Luis Macas, en un encuentro con periodistas de medios extranjeros.
Ls movilizaciones "se mantienen inalterables", pero no se promoverán enfrentamientos con la fuerza pública, agregó.
Macas afirmó que las protestas tienen por objeto oponerse a la firma de un tratado comercial con Estados Unidos y pedir la nacionalización del petróleo y la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar el Estado ecuatoriano.
El Estado "sigue siendo colonial", pues no reconoce a los indígenas ni en su diversidad ni su cultura, afirmó.
El Gobierno declaró anoche el estado de excepción bajo control militar en las provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar y los cantones de Tabacundo y Cayambe, en la de Pichincha, en el centro andino de Ecuador.
Los militares y policías, equipados con material antidisturbios y ayudados por maquinaria pesada, desbloquearon poco a poco, desde la madrugada, muchas de las carreteras cortadas en la zona andina, sin que se haya informado de incidentes graves con los indígenas.
Una fuente militar aseguró que habían despejado las vías en la mayor parte de las zonas afectadas por la protesta, donde los indígenas habían cruzado árboles, echado tierra y piedras y quemado neumáticos para impedir el paso de vehículos.
Sin embargo, en Otavalo, en la provincia de Imbabura, unos 100 kilómetros al norte de Quito, la carretera panamericana que lleva a la frontera colombiana seguía cortada.
Unas 2.500 personas, entre indígenas, estudiantes y simpatizantes de diversas organizaciones sociales, se manifestaron también hoy por diversas calles de Quito contra el TLC, y llegaron hasta la sede provisional del Congreso para exigir que no se apruebe el acuerdo.
Representantes de los indígenas acusaron hoy a la Cámara de Empresarios de Riobamba, la capital de Chimborazo, de haber utilizado "amenazas de represalias" para "obligar" a sus empleados a ir a una manifestación en favor del TLC y en contra de la protesta indígena que tuvo lugar el martes en esa ciudad.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Enrique Proaño, indicó hoy que en las carreteras había entre 4.000 y 5.000 indígenas e insistió en que se investigará la presunta participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras en la organización de las protestas.
El ministro del Interior, Felipe Vega, acusó a tres españoles miembros de una ONG de participar en las protestas y anunció que serán expulsados del país.
La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi negó "con total rotundidad" la intervención de estas tres personas en las manifestaciones.
"En las fechas en las que se han desarrollado estas protestas indígenas, los tres jóvenes cooperantes (Haritz Beasain Teruelo, Lorena Uriarte Arandia y Maitane Unzu Jabat) se encontraban en el interior de la selva de Pastaza, sin ningún tipo de información y aislados de toda comunicación con el exterior" hasta el lunes, 20 de marzo, recalca un escrito de Paz y Solidaridad.
Por su parte, el capitán Juan Zapata, portavoz de la Policía Nacional, dijo a EFE que hay "una disposición de localización y captura" contra los españoles Juanpa Pedrosa, Zurine Arrue, Aymare Urtosug y Maitane Braseñas, nombres diferentes de los ofrecidos por Vega, lo que ha aumentado la confusión respecto a este asunto.
Vega atribuyó las protestas a "intereses políticos" de ciertos indígenas, entre los que mencionó a Macas, de quien dijo que "quiere ser candidato a la vicepresidencia de la República", lo que fue negado por el dirigente indígena.
Entretanto, los problemas de desabastecimiento, sobre todo de productos vegetales frescos y combustibles, que afectan a diversas ciudades y que fueron el motivo aducido por el Gobierno para declarar el estado de emergencia, aún no se han solucionado.