Comienza este viernes la 'puja' por el nuevo salario mínimo

El gobierno dijo que los empresarios y trabajadores pueden pactar el incremento al salario mínimo que quieran.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el ejecutivo respetará y acogerá el acuerdo al que lleguen los empresarios y trabajadores sobre el incremento al ingreso básico de los colombianos para el 2006.
"Por supuesto. Esa es la posición tradicional y esa es la que debe ser", indicó el funcionario. Este viernes se instalará la mesa de concertación laboral entre empresarios, trabajadores y gobierno.
El ministro señaló que si el ajuste que eventualmente convengan patronos y sindicatos fuera del siete, ocho o nueve por ciento, el gobierno lo respetará.
No obstante, Carrasquilla informó que el ejecutivo insistirá en su fórmula para que el incremento se discuta sobre la base de la meta intermedia de inflación para el año entrante, que es del 4,5 por ciento, más varios puntos adicionales sobre lo que podría ser la productividad laboral estimada del país para el 2006.
Apenas como referencia, el ministro reveló que el promedio de la productividad del trabajo para este año se colocó en el 2,5 por ciento.
"Iremos a la mesa de concertación laboral a presentar las cifras y nuestra posición pero obviamente muy respetuosos de esas deliberaciones", anotó el funcionario.
El gerente del Banco de la República, José Dario Uribe, reiteró que los factores que deben primar para las negociaciones deben ser las recomendadas por el gobierno, es decir meta de inflación y productividad y no otros elementos como la devaluación esperada.
El Emisor insistió en que el ajuste deber ser moderado en la medida en que podría afectarse el mercado del trabajo.
El Banco de la República dio a conocer una encuesta realizada entre empresarios para el mes de octubre según la cual esperan un aumento en los salarios de sus trabajadores del 5,9 por ciento en promedio para el 2006.
Las centrales obreras plantearán en la Mesa de Concertación Laboral un incremento del 10 por ciento al ingreso básico de cerca de cuatro millones de trabajadores colombianos, la congelación en los precios de los combustibles y de las canastas educativas y de alimentos. El gobierno rechazó estas últimas exigencias.