Multas o arresto podrían sufrir los funcionarios que no atiendan las necesidades de los desplazados

Los funcionarios públicos que incumplan con sus obligaciones frente a la atención efectiva de las necesidades y protección de la población desplazada, podrían sufrir multas hasta de 20 salarios mínimos mensuales vigentes o arresto hasta de seis meses.
La Corte Constitucional estableció responsabilidades y fijó nuevos plazos para que el estado colombiano cumpla con la sentencia T-025 del 2004, mediante la cual se estableció que el gobierno estaba violando los
derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia.
A través de tres autos de cumplimiento, la Corte conmina al estado colombiano a responder presupuestal y administrativamente a las necesidades de los desplazados, de no ser así los funcionarios
responsables podrían ser objeto de un incidente de desacato por parte de esta corporación judicial.