Distintas reacciones en el país se dieron después de las críticas de A.I al proceso con las AUC

Autoridades rechazan el pronunciamiento de Amnistía
El alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, rechazó las críticas hechas por la ONG Amnistía Internacional al proceso de paz con las AUC. "Me da mucha pena tener que refutar una organización internacional que ve desde lejos las cosas (...) hay personas que se hacen pasar por reinsertados y que delinquen, cualquier caso particular lo generalizan, pero es injusto e irresponsable los términos y las palabras que esa ONG utiliza", señaló Fajardo.
El mandatario agregó que ese tipo de comentarios destruye la imagen de Medellín y "para ellos es muy fácil criticar desde lejos sin darse cuenta de cómo son las cosas en realidad", dijo el mandatario local.
Por su parte el ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, dijo que "los de esa ONG son unos Insensatos que viven en la estratosfera (...), pero para no ser fuerte con Amnistía Internacional y decir lo que a uno le provocaría decirle hay que contar hasta 10... hay que tener una paciencia infinita".
Defensoría y congresistas dividen opiniones sobre informe de Amnistía Internacional
Mientras que el Defensor del Pueblo , Volmar Pérez, guardò prudencia sobre las denuncias de Amnistía Internacional a cerca de la desmovilizaciòn con las Autodefensas , parlamentarios independientes consideraron que muchas de las criticas son ciertas.
El Defensor Pèrez sostuvo que la afirmaciòn de Amnistia segun la cual el proceso de desmovilizaciòn es un engaño, hay que valorarla y dijo no tener elementos de juicio para pronunciarse.
Sostuvo que no està en condiciones de afirmar eso de manera categorica aunque la Defensoria ha hecho al proceso formulaciones con mucha responsabilidad al tiempo que no descartò que existen fallas notorias en algunos aspectos.
El Presidente de la Comisiòn de Derechos humanos de la Càmara, Germán Navas Talero , dijo que lamentablemente ese proceso no solo ha sido un engaño sino una farsa porque jamas se han visto los resultados.
Considerò que se trata de una burla ya que desde la primera desmovilizaciòn en presencia de Sergio Caramagna , delegado de la OEA se entregaron 500 hombres y solo se observaron cien armas ."Eso es una burla a la violencia. Es un perdon sin arrepentimiento" anotò.
El informe fue titulado "Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?", en el que Amnistía se refiere a la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara el cual ha puesto de manifiesto la peligrosa parodia que constituye la estrategia de desmovilización paramilitar.
Según el documento, en Medellín los paramilitares siguen actuando como una fuerza militar, matando y amenazando a los defensores de los derechos humanos y reclutando a miembros y actuando conjuntamente con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en lugar de actuar en grupos grandes, fuertemente armados y uniformados, como hacían en el pasado, ahora encubren cada vez con más frecuencia sus actividades fingiendo ser miembros de empresas privadas de seguridad o actuando como informantes para las fuerzas de seguridad.
"No puede garantizarse el Estado de derecho en una ciudad en la que cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener, y tiene, como respuesta la violencia política", ha declarado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
Según el informe el punto más débil del proceso de desmovilización paramilitar es la recién aprobada Ley de Justicia y Paz y el Decreto 128, que otorgan el marco legal al proceso.
El documento reconoce que en los últimos años el número de homicidios en Medellín se ha reducido y que a pesar de ello , los paramilitares siguen controlando muchas partes de la ciudad, especialmente los barrios pobres-
"La Ley de Justicia y Paz abrirá la puerta al reciclaje de los miembros de grupos paramilitares, incluso de aquellos que sean responsables de homicidios, secuestros, "desapariciones" y torturas, convirtiéndolos en guardias de seguridad, policías civiles e informantes. Además, en el futuro, la ley podría aplicarse también a los miembros de grupos guerrilleros que han sido asimismo responsables de abusos graves y reiterados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", ha manifestado Marcelo Pollack.
Agregó que al garantizar que los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no rinden cuentas adecuadamente de sus actos, y al alentar el "reciclaje" de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos, el gobierno no está apartando a los combatientes del conflicto, sino que parece estar negociando contratos de impunidad-
Amnistía Internacional pide al gobierno de Colombia que revise el actual marco jurídico para la desmovilización de los miembros de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar que la ley y a la comunidad internacional que no respalde ni política ni económicamente el proceso de desmovilización hasta que el gobierno colombiano ponga en práctica un marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales que sea plenamente conforme con las normas internacionales del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" dice el documento.
Amnistía también habló en Madrid

Amnistía Internacional solicitó al Gobierno español y a la Unión Europea (UE) que rechacen la ley colombiana de Justicia y Paz y no apoyen la desmovilización de los paramilitares, porque "es una estrategia de impunidad que -asegura- incumple los estándares internacionales de derechos humanos".
Según explicó en rueda de prensa Giulia Tamayo, responsable del área de campañas e investigación de la sección española de AI, la organización teme que esa ley "otorgue legitimidad internacional" a una desmovilización que, según su informe, no respeta los principios básicos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Según AI, el proceso "ha puesto de manifiesto la peligrosa parodia que constituye" el proceso y demuestra que es "una ilusión mortal", ya que en esa ciudad "los paramilitares siguen matando y amenazando, reclutando nuevos miembros y actuando conjuntamente con las fuerzas de seguridad".
Para AI, su desmovilización ha supuesto una "legalización", por lo que la comunidad internacional "no debe dejarse engañar" y debe respaldar las recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y de la comisión interamericana de Derechos Humanos, que han puesto en evidencia el proceso.