Se inicia la Asamblea General de la OEA número 35

Los cancilleres americanos se reunirán para discutir durante tres días en Fort Lauderdale, la estrategia para hacer realidad los beneficios de la democracia, a petición del gobierno de EEUU.
Ese es el tema central de la llamada Asamblea General ordinaria, que los ministros celebran anualmente en la Organización de los Estados Americanos, de 34 miembros.
Para algunos diplomáticos, el tema escogido por el anfitrión "muy pocos lo entienden". Para otros, es claro que conlleva el deseo de "forzar una marcha" para una supervisión más efectiva de la gobernabilidad regional.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, uno de los asistentes a la reunión, ha adelantado que Estados Unidos ha estado ya "haciendo coordinaciones" en dirección al establecimiento de un mecanismo evaluador.
Un primer intento quedó, sin embargo, frustrado el mes pasado ante la oposición de varios países, mayormente sudamericanos.
Washington había propuesto crear una especie de "veeduría" para la democracia ecuatoriana en la resolución de apoyo al gobierno de Alfredo Palacio, que acababa de instaurarse tras la caída del presidente constitucional Lucio Gutiérrez el 20 de abril.
"Se quiere dar a la OEA una función de policía de las democracias", dijo Jorge Valero, embajador venezolano ante la organización de 34 estados.
Pero, la iniciativa tiene también sus seguidores en países como Nicaragua, Perú y Bolivia, donde los gobiernos están acosados por una oposición que busca debilitar y no fortalecer la institucionalidad y gobernabilidad, según ha expuesto la embajadora nicaragüense Carmen Marina Gutiérrez, citando el caso de su país.
Más recientemente, Panamá propuso crear un "grupo de análisis y acciones preventivas", pero su promotor, el embajador y ex presidente Arístides Royo, se retractó antes del debate.
Royo explicó que fue una "propuesta personal" y admitió que algunos embajadores le dijeron que veían en ella la versión de la OEA de un Consejo de Seguridad, el órgano de las Naciones Unidas donde se decide la suerte de las naciones en crisis.
La idea de Royo fue, pese a todo, no sólo coincidente con el planteamiento de Noriega sino del propio secretario general José Miguel Insulza, que lleva una semana en funciones.
Insulza propuso a fines de abril en Santiago de Chile, cuando había quedado como candidato único en la carrera por el cargo, la formación de una "Comisión Permanente", adscrita al Consejo Permanente de embajadores.
Después de asumir el cargo el 26 de mayo, Insulza ha mantenido su planteamiento, aun cuando ha dicho que es flexible en cuanto a la conformación del mecanismo y su propio funcionamiento.
Insulza ha dicho que con la propuesta se trata de establecer una vigilancia más activa para anticiparse a una crisis política, como "aun cuando no me gusta la expresión, 'un alerta temprana en una tormenta' ".
El punto de partida del debate es una afirmación de Robert Zoellick en su audiencia de confirmación en el Senado como subsecretario de Estado en febrero. Dijo que Estados Unidos debería trabajar con Latinoamérica en la OEA para "proteger la democracia contra el rampante populismo".
El comentario surgió a raíz de preocupaciones de algunos senadores sobre la posición crítica del presidente venezolano Hugo Chávez frente a Estados Unidos, el ascenso reciente de la izquierda en Uruguay, y la potencial amenaza de que en unos meses Bolivia pudiera tener a un dirigente cocalero en la presidencia y México una especie de "Hugo Chávez mexicano" si triunfase el izquierdista Manuel López Obrador.
La OEA tiene dos acuerdos para la defensa de la democracia: la Declaración de Santiago, de 1991, y la Carta Democrática Interamericana, de 2001. La primera suspende de la organización a los países donde se hayan instalado gobiernos inconstitucionales; y la segunda es el único acuerdo multilateral en el mundo que hace de la democracia un "derecho de los pueblos".
Noriega ha dicho que no es necesario modificarlos para aprobar la iniciativa estadounidense.
Pero, Zoellick opina que ambos están "básicamente orientados a la vieja amenaza de los golpes y no a lo que vemos ahora: presidentes elegidos por voto popular que gobiernan autoritariamente".