ONU califica de 'grave" la crisis humanitaria en Bojayá

Varias agencias de las Naciones Unidas con sede en Colombia advirtieron de la "grave crisis humanitaria y de derechos humanos" en Bojayá, en donde los grupos armados mataron a 119 persones en 2002.
La advertencia fue divulgada y es el resultado de una reciente visita de diplomáticos de esas agencias y programas de la ONU en Colombia a esa zona del departamento del Chocó, afectada por enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares.
Las agencias "condenan la actuación de los grupos armados ilegales en la región, en particular las Farc y las Autodefensas, los cuales siguen cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario".
Un comunicado difundido hoy añade que "la situación humanitaria y de seguridad alimentaria de esta población sigue siendo afectada negativamente por los continuos enfrentamientos bélicos que se dan en el marco del conflicto armado interno".
El 2 de mayo de 2002, guerrilleros de las FARC y las Autodefensas se enfrentaron en esa aldea y ocasionaron la muerte de los 119 lugareños.
Ese día, centenares de los habitantes, atemorizados, se refugiaron del fuego en la pequeña iglesia pero un cilindro de gas con metralla cayó en el techo y al estallar ocasionó la matanza.
En el municipio de Bojayá, revela en el comunicado, "más de 2.000 personas de las comunidades afro colombianas se encuentran desplazadas y hacinadas en busca de protección en Bellavista, cabecera municipal, cuya población total es de 1.200 habitantes".
Entre la población civil desplazada "se incluyen más de 600 niñas y 500 niños con enormes carencias", mientras "cerca de 4.000 indígenas emberas se resisten a desplazarse de sus territorios y se encuentran en alto riesgo frente al fuego cruzado entre los grupos armados ilegales".
La población civil de Bojayá "requiere de manera urgente la presencia integral y permanente del Estado que debe garantizar la atención de todos los derechos ciudadanos", añade el documento.
Las agencias firmantes del comunicado, asimismo, "observan con preocupación los continuos casos de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que operan en la región" y "confían en que las máximas autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para que cesen esos casos".
Frente "a tan graves hechos", concluyen las agencias firmantes, "solicitan que el Estado cumpla a cabalidad con su responsabilidad de proteger y brindar la asistencia humanitaria necesaria a la población civil de esa región".
El comunicado está suscrito por la Oficina del Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
También por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos
(PMA).