Crudo y pensiones: prioridades Bush en sus 100 primeros días de su segundo mandato

Los altos precios del petróleo y la reforma de las pensiones, cuya promoción está siendo más difícil de lo que esperaba, se han convertido en las prioridades del presidente de EEUU, George W. Bush, cuando este sábado se cumplen los primeros cien días de su segundo mandato.
Si en el momento de su investidura, en enero, la preocupación principal del presidente era Irak, sumido en una ola de violencia a punto de celebrar elecciones, el país árabe ha quedado relegado a un papel secundario frente a problemas internos.
La demostración más clara se produjo en la rueda de prensa ofrecida la pasada noche en la Casa Blanca, precedida de un breve discurso en el que los motivos fueron la subida del petróleo y su propuesta de reforma del sistema de pensiones.
Se trata de la segunda ocasión en poco más de 24 horas que Bush aludía a la escalada del petróleo y las medidas para combatirla. Además, el lunes, se había reunido con el príncipe heredero de Arabia Saudií, Abdulá bin Abdulaziz, para analizar cómo ese país podía aumentar la producción de crudo.
La subida del crudo parece haber desacelerado la recuperación económica del país. Según los datos oficiales, el crecimiento en el último trimestre fue del 3,1 por ciento, frente al 3,5 por ciento que esperaban los analistas.
Esa cifra, la más baja de los últimos dos años, estuvo motivada en parte por el descenso de la confianza de los consumidores, generado a su vez por los altos precios del combustible.
En su discurso de anoche, Bush reconoció que la subida de la gasolina perjudica a los bolsillos estadounidenses y aseguró que su Gobierno "a corto plazo seguirá animando a los países productores a aumentar su producción".
Más petróleo disponible en el mercado rebajará su precio, indicó el presidente, quien no obstante insistió en que es necesario hacer frente a las "razones de base" para esta subida, principalmente un aumento de la demanda en China y la India, debido a que estos países se desarrollan a pasos agigantados.
Bush indicó que será necesario desarrollar fuentes alternativas de energía, utilizar la tecnología para hacer más eficiente el uso actual y ahorrar la que ya se tiene, y alentar a China y a la India para que utilicen otras fuentes que no sean los combustibles fósiles.
Pero el asunto estrella de su alocución y la rueda de prensa posterior fue la reforma del sistema de pensiones, que Bush aspira a que sea uno de los pilares de su legado presidencial.
Su propuesta, que los ciudadanos destinen parte de lo que ahora cotizan al sistema público a cuentas privadas que, con el tiempo, costearán sus jubilaciones, no ha encontrado el eco que esperaba durante los 60 días de campaña de promoción que ha emprendido por todo el país.
Los críticos de la propuesta consideran que beneficiará sobre todo a las grandes firmas de gestión de inversiones en Wall Street y que los ciudadanos no recibirán más dinero al término de su vida laboral activa.
Tampoco termina de estar claro, según estos críticos, cómo se sufragará la reforma.
Por ello, en un guiño populista, la gran novedad que Bush ofreció en su discurso fue limitar los beneficios de la Seguridad Social a los más ricos y establecer un sistema que proteja los de aquellos sectores de menores ingresos.
Esa propuesta sugiere la aplicación de una "indexación progresiva" mediante la cual serán los niveles de ingresos los que determinarán, de manera inversamente proporcional, los aumentos de los beneficios de la Seguridad Social.
Precisamente la desconfianza en torno a la reforma de las pensiones y la política energética de Bush han hecho bajar notablemente su popularidad
Según una encuesta publicada por el periódico "The Washington Post", Bush goza de una aceptación popular del 47 por ciento, frente al 52 por ciento de que disfrutaba durante las elecciones de noviembre y el más del 80 por ciento que logró tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Según esta encuesta, el 64 por ciento de los estadounidenses desaprueban la propuesta presidencial sobre las pensiones, el 57 por ciento no está de acuerdo con su gestión de la economía del país y el 54 por ciento critica su política energética.