Provincias amazónicas amenazan con endurecer huelga el Lunes

QUITO.--- La autoridades de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, fronterizas con Colombia, amenazaron con endurecer desde el próximo lunes la huelga que realizan por mejoras en el servicio eléctrico, fomento a la agricultura, mayor seguridad y asfaltado de carreteras.
El prefecto de Sucumbíos, Luis Bermeo, dijo a EFE que las acciones de protesta se endurecerán el próximo lunes y señaló que desde hoy han comenzado los cierres de carreteras que unen el centro del país con esa zona petrolera.
Recordó que la paralización se extiende a la provincia vecina de Orellana, también declarada en "estado emergencia" o de excepción por el Gobierno central.
Bermeo reconoció que durante el fin de semana la protesta ha sido moderada, pero afirmó que "se radicalizará desde el lunes" con el cierre de vías y otras acciones que no quiso adelantar.
El prefecto también dijo estar preocupado por la declaración de zona de excepción en las dos provincias, pues ello podría implicar el recrudecimiento de la represión contra los manifestantes.
Asimismo, señaló que cuando todos pensaban que el estado de excepción suponía que el Gobierno tomaba acciones contra posibles consecuencias del recrudecimiento de la guerra en Colombia, el "estado de emergencia" aplicado por el presidente Gustavo Noboa, está dirigido exclusivamente contra las protestas.
El prefecto espera que el estado de excepción no desate una gran represión, aunque dijo estar dispuesto a llevar adelante la huelga hasta que el Gobierno atienda sus demandas.
Recordó que el Ejecutivo se comprometió hace un año a resolver las peticiones de esas dos jurisdicciones, también después de un paro, pero la situación no ha cambiado.
Anotó que las dos provincias están sometidas a severos periodos diarios de racionamiento de energía, porque las plantas generadoras están en mal estado, son muy viejas y porque sus administradores han cometido presuntos actos de corrupción que han perjudicado a los usuarios.
Indicó, además, que el estado de excepción aplicado por el Ejecutivo puede obedecer a la presión que ha ejercido el consorcio petrolero OCP-Ecuador, liderado por la firma española Repsol-YPF, para agilizar la construcción de un nuevo Oleoducto para Crudos Pesados.
Bermeo señaló que dicho consorcio se ha resistido a reconocer a las poblaciones por donde pasará la tubería y las indemnizaciones por los efectos sociales que causará la obra.
OCP-Ecuador "ha presionado" al Ejecutivo para que declare la emergencia y de esa forma evitarse el pago de posibles daños ambientales, afirmó el prefecto.