Así va recuperación de los 70 mil millones del anticipo de Centros Poblados

El coordinador de anticorrupción de la fiscalía, encargado del célebre caso de Centros Poblados, el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, MinTic, y la Unión Temporal CP para conectar a miles de centros educativos en el país, cree que el peculado por apropiación solo suma 15 mil millones de pesos. Según el fiscal, lo que se compró en equipos se debe contar como parte del anticipo de los 70 mil millones. Sin embargo, hay un problema: el MinTic, como dijimos en Caracol Radio hace meses, no aceptará nada distinto a plata, y no plata salida de cualquier sitio.

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Una de las preguntas que tiene la defensa del ministerio, que se constituyó como víctima en este proceso, es de dónde salieron los recursos que puede ofrecer Emilio Tapia. Recordemos que Tapia llevaba varios años preso cuando logró, a través de terceros, quedarse con el contrato de Centros Poblados. “Si estaba preso, ¿de dónde saca plata legal?, le dijo una fuente a Caracol Radio, que añadió “el ministerio, como víctima, no le puede recibir ningún equipo, ni lo hará”.

Además de la discusión sobre el efectivo, desde hace meses se identificaron varias propiedades: 2 lotes en Cundinamarca, uno en Fusagasugá y otro en Mosquera, a nombre de ICM Ingenieros SAS, que era uno de los 4 integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Entre los 4 socios de esa Unión Temporal hay 21 cuentas bancarias. También hay 71 vehículos, todos ellos propiedad de ICM Ingenieros SAS, que pertenece a Emilio Tapia.

En diciembre pasado, se anunció que para el próximo 23 de febrero quedaron programadas las audiencias de imputación de cargos contra cinco personas involucradas en este caso. Son ellos los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal; Juan José Laverde, quien era el representante de Rave Seguros, y por supuesto Emilio Tapia, ya condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.