MOE: Procuraduría no ha hecho los ajustes necesarios pedidos por la CIDH

Sigue la polémica por las 1.208 vacantes creadas por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello. La Misión de Observación Electoral (MOE) había hecho una advertencia con bastante anticipación sobre la no necesidad de creación de esos puestos. 

Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que la creación de estos puestos no tiene nada que ver con la sentencia proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las recomendaciones a la Procuraduría generada por en el caso del senador Gustavo Petro.

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"Hubo una demanda que pone Gustavo Petro a Colombia en la CIDH por violación de derechos políticos, por una decisión administrativa se le estaban cercenando su derecho. En la comisión Interamericana de Derechos humanos se hace todo el proceso y saca una sentencia con tres puntos: Lo primero que dice es que no hubo un debido proceso (...) Segundo, tiene que adecuarse para que no sea la Procuraduría sino un juez penal que pueda establecer sanciones de inhabilidades o del retiro del cargo cuando la persona fue electa y la tercera instrucción es que en la Contraloría no se pueden imponer multas que terminan impidiendo que una persona  ejercer funciones públicas y ¿qué termina pasando? se hace una simulación en la que la Procuraduría General va a generar doble instancia para -posteriormente- tener una doble conformidad  y esto va a funcionar como si fuera un juez penal, pero no somos jueces penales, y se va a terminar haciendo la contratación", afirmó Barrios.

En su momento, la directora de la MOE dijo que debido a esto se iba a terminar creando muchísimos cargos, cerca de 400 a 500 cargos, y les dijeron a la Misión que "eran unos exagerados" en su apreciación. 

El 25 de diciembre la CIDH sacó una resolución que le hace cumplimiento a la sentencia en la que felicitan los esfuerzos que se han hecho en Colombia, pero aclarar que no han seguido las recomendaciones dictadas en la sentencia para la Procuraduría. 

La Procuraduría -según Barrios- sigue tomando decisiones que afectan el derecho político y no han hecho el ajuste requerido por la CIDH. 

Barrios afirma que no sabe dónde sacó Función Pública que se debían crear 1.200 pestos en la Procuraduría para atender la sentencia de la CIDH y la reforma "se pasó sin ningún estudio de carga laboral", y en su momento se afirmó que se iba hacer con las personas que ya estaban contratadas.

"La información que está entregando la Procuraduría no es transparente", dijo Barrios, a la vez preocupada para la creación de una burocracia que no puede sostener el país en su situación actual y que puede llegar a afectar  los derechos políticos en Colombia.