¿Choque de trenes entre la JEP y la Fiscalía?

Luego del anuncio del Fiscal General, Francisco Barbosa, sobre que hay suficientes pruebas para imputar al ex jefe del ejército Mario Montoya como determinador por homicidio de más de 100 falsos positivos, se abrió todo un debate sobre si la decisión era más política que judicial porque bloqueaba el trabajo de la JEP, la justicia especial de la paz, a la que Montoya se sometió y en la que ha negado sistemáticamente su responsabilidad. Pues no hay tal choque de trenes y ya lo dijo Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Y hay más, este confidencial estableció que la semana entrante se daría a conocer el protocolo de acciones, la imputación que haría la Fiscalía iría a los jueces, pero de la JEP como parte del material que se requiere para su auto de conclusiones. Difícil le quedará a Mario Montoya que es lo más importante aquí, seguir negando las responsabilidades que se le imputan en el horror del homicidio de jóvenes para entregarlos como bajas en combate. Ver para creer, parece que es cuestión de tiempo para que aparezcan juntos Francisco Barbosa y Eduardo Cifuentes, contándole al país que hay colaboración armónica.

Sobre todo, cuando de reparar a las víctimas se trata y que nunca se repitan frases como las que recordó en su columna en El País Juan Gabriel Vásquez, Contar la verdad, cuando le preguntaron al gobierno del expresidente Uribe por los jóvenes muertos y respondieron: “no estarían recogiendo café”. Lo asesinaron por mucho menos.

El abogado del Consorcio Centro Poblados defendió a sus clientes y fue enfático en que no hubo irregularidades en la licitación.

Esta mañana en entrevista con la W, el abogado del Consorcio Centro Poblados, Pino Richi, los del contrato con el que burlaron la licitación del Ministerio de las TIC para conectar a los colegios del país, salió a defender a sus clientes y ante las contundentes preguntas de los colegas, prácticamente dijo que no habían hecho nada irregular. Como quien dice, entregar garantía falsa, no fue culpa de ellos si no de unos empleados de Itau, cosa que además tendrán que probar y de probarlo, no les quitaría la responsabilidad.

Que todo bien, dijeron, que iban a cederle el contrato a una gran empresa extranjera de los países bajos, a la que me pregunto: ¿le habrán dicho que el FBI investiga el curso de los dineros que recibieron, que otras entidades están detrás de confirmar las empresas que crearon para su entramado, que están siendo investigados por la Fiscalía desde el 26 de junio, cuando la ministra los denunció? La Fiscalía ya realizó el análisis del estado de cuentas y dineros desembolsados. Y tiene decisiones para las próximas semanas. Definitivamente en este país no pueden seguir quedando habilitados para contratar empresas como estas.

Sabían ustedes que no es el único contrato que tienen con el estado colombiano. ¿Habrán cumplido en el Invias? Cómo hacer para que no baste con estar habilitados para licitar, ¿cómo lograr que la oscuridad de los miembros de estas empresas genere algún tipo de impedimento?