Presidente electo no puede terminar proceso de paz porque violaría la Constitución: Montealegre

El exfiscal Eduardo Montealegre afirmó en 6AM W de Caracol Radio, quien afirmó que la política de paz total, al haber sido adoptada como una política de Estado y no únicamente de un gobierno, no puede ser desmontada de manera unilateral por el presidente electo, pues hacerlo mediante un decreto sería contrario a la Constitución.

Montealegre aseguró que la Constitución colombiana establece que la paz es un derecho y un deber, por lo que las autoridades están obligadas a privilegiar las soluciones negociadas sobre la confrontación armada.

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¿Por qué el presidente electo no puede terminar la paz total?

El exfiscal explicó que durante el gobierno de Gustavo Petro se consolidó un marco normativo que convirtió la paz total en una política de Estado, lo que, a su juicio, impide que un nuevo mandatario suspenda los procesos de negociación por decisión propia.

“Las decisiones sobre la paz no dependen de posturas del presidente de la República. La paz total quedó establecida como una política de Estado. El presidente electo no podría, vía decreto, terminar un proceso de paz porque sería inconstitucional”, afirmó.

Según Montealegre, el anuncio del presidente electo de fijar un ultimátum a los grupos ilegales también debe analizarse a la luz del ordenamiento constitucional, ya que el Estado tiene el deber de buscar salidas negociadas al conflicto.

Procesos de paz ya iniciados tienen protocolos

Montealegre señaló que las negociaciones que ya comenzaron con distintos grupos armados cuentan con protocolos nacionales e internacionales que impiden su interrupción abrupta.

En ese orden de ideas, recordó que el modelo de paz total impulsado por el Gobierno Petro no se limitó a negociar con un solo grupo, sino que también abrió diálogos simultáneos en diferentes regiones del país, incluso con zonas de ubicación temporal ya previstas.

“Los procesos que ya arrancaron no se pueden romper unilateralmente porque existen protocolos y salvaguardas. Cualquier decreto que pretenda terminarlos sería, en mi concepto, inconstitucional”, sostuvo.

No obstante, aclaró que el nuevo gobierno sí podría definir su política frente a organizaciones armadas que aún no hayan ingresado a un proceso de negociación.

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