Cultivos ilícitos: ¿la solución es la implementación de la paz?

En Hora 20 una discusión sobre la cadena perpetua a violadores de menores; un debate sobre la posición del gobierno de Colombia ante la CIDH en el caso de la periodista Jineth Behoya; un análisis a la relación entre erradicación de cultivos ilícitos, construcción de paz, implementación de los Acuerdos y la posición del gobierno sobre el regreso del glifosato. También una mirada a las nuevas coaliciones que se van configurando de cara a las elecciones del 2022.

La erradicación de cultivos ilícitos pasa directamente por la implementación del proceso de paz, esa es una de las conclusiones fruto de un artículo publicado este domingo por el diario El Tiempo en el que se recogen varios conceptos de congresistas y miembros del gobierno de Joe Biden en el que queda claro el viraje en política antidrogas de Estados Unidos, pues se nota un mayor enfoque por la integralidad y la necesidad de políticas sociales, más allá de los cálculos si se reducen o no los cultivos de coca.

A inicios de este mes el Departamento de Estado volvió a certificar a Colombia en lucha antidrogas, lo que para el país significa que entran unos $25 millones de dólares para erradicar las 154 mil hectáreas de coca sembradas según Naciones unidas o las 212 mil según el cálculo que lleva la Casa Blanca hasta 2019. No obstante, esta certificación venía con una nota que aclaraba que la integralidad en la lucha era necesaria y que respaldaba el regreso de las aspersiones con glifosato, pues consideran que las 130 mil hectáreas erradicadas en 2020 no son suficientes para alcanzar la meta de 100 mil hectáreas sembradas en el 2022.

Pero desde el congreso de los Estados Unidos la posición parece ser otra, el senador demócrata Patric Leahy ha dicho que no saldrán dineros de la nación para usar glifosato en Colombia. Esto se debe a una nueva ola de congresistas que piensa que es necesario un enfoque distinto en el que el proceso de paz y su implementación sea el enfoque en la lucha contra las drogas, creen que la solución definitiva estará en la paz y “que centrarse solo en la erradicación no ofrece una salida de largo plazo”, así lo citaba este domingo el diario El Tiempo en su artículo. También afirmaban que es necesario que los esfuerzos se sostengan en el tiempo, que es necesario el desmantelamiento de los grupos ilegales, pero que lo más importante está en brindar oportunidades a los habitantes de las zonas más golpeadas por el narcotráfico.

Lo que dicen los panelistas

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, planteó que son importantes las señales de miembros del partido demócrata que tienen una visión más integral del problema de cultivos ilícitos. Recordó que en el Acuerdo de paz el enfoque de género era importante y en el cual se reconocían los derechos que las mujeres perdieron en zonas de conflicto, por lo que cree que una intervención más aguda en estos asuntos es necesaria.

Frente a los exalcaldes en campaña al 2022, dijo que ante la proliferación de candidatos no hay escenario de ideas adecuados para discutir y dar a conocer las posturas de los candidatos. Agregó que tantas ruedas sueltas sin partido político ha llevado a confundir los términos ideológicos.

Para Iván Cancino, abogado penalista y columnista, la solución de problema de cultivos ilícitos es ir a la par de una sustitución, de aspersiones de manera limitada y controlada y de la llegada de Estado con acceso a oportunidades, educación, salud y justicia, “no se debe descartar el glifosato, se tiene que ir bajando a la medida que las otras cosas funcionen”, puntualizó.

Explicó que la posición del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jinete Bedoya no tiene ninguna justificación y comentó que al país le faltó una representación con experiencia, por lo que aseguró que en este tipo de escenarios se debe tener una representación con bagaje en litigios delicados.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, señaló que en materia antidrogas una cosa es lo que quiera fijar el gobierno de Joe Biden y otra la que implementa el gobierno de Colombia, pues advirtió que el glifosato debería ser de las últimas alternativas, esto ante los efectos perversos que puede tener su uso constante en algunos territorios.

Comentó que la unión de tres exalcaldes de cara a las elecciones del 2022 es una especie de “uribismo vergonzante” y sostuvo que, aunque tienen experiencia en lo público no los ve como el grito de independencia que ellos quieren vender. Por último, dijo que puede ser una movida grande para después hacer una coalición con otros candidatos.

Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, apuntó que el mensaje del gobierno de Estados Unidos es claro, “y pasa por una reforma integral como estaba planeada con más presencia del estado y en ilícitos una estrategia de sustitución de cultivos con alternativas reales para cultivadores”, también dijo que resultaba paradójico que el gobierno a través del consejero Archila quien insiste en que sustitución ha sido eficaz, pero que al mismo tiempo se insiste desde el gobierno en una vieja receta que no funciona y que no soluciona problema de fondo.

Para Granada, la coalición de Federico Gutiérrez, Alex Char y Enrique Peñalosa es de uribistas, a lo que agregó que también hay ausencia de ideas y un espectáculo por los nombres con pocas propuestas. Por último, comentó que nos encontraremos con tres vueltas presidenciales: la de las consultas en marzo; la primera en mayo y la segunda vuelta en junio.

En el Contrapunteo, se discutió sobre la llegada de la reglamentación de la cadena perpetua a violadores de menores al congreso tras el inicio de la legislatura este martes 16 de marzo. Ante la reglamentación, Yesid Reyes, abogado y exministro de Justicia, explicó que la ley debía quedar como estaba, pues considera que a los 25 años con la nueva ley hay revisión de la pena y que si se evidencia un avance se puede rebajar a 60 años de condena. Agregó que es difícil que este proceso prospere, pues cree que una cadena perpetua violaría el artículo primero de la Constitución Política sobre dignidad humana. Por otro lado, Adriana Matiz, representante a la Cámara del Partido Conservador, dijo que las penas actuales no son proporcionales a los bienes jurídicos afectados por lo que cree que la implementación de la cadena perpetua puede ser un mecanismo efectivo para proteger los derechos de niños. También dijo que se está garantizando la resocialización y el tratamiento diferenciado con programas especiales para cuando llegue la revisión de la pena.