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¿Qué tan eficiente es la cadena perpetua para violadores de menores?

Panelistas opinan que decisión del Congreso se puede caer en Corte Constitucional; para otros envía un mensaje contundente a victimarios.

En Hora 20 un análisis a una histórica decisión tomada por el congreso de la república sobre la cadena perpetua a violadores de menores. Una mirada a la recompensa que ofrece Estados Unidos por los disidentes de las Farc Jesús Santrich e Iván Márquez. Por último, una opinión al día sin IVA que se llevará a cabo este viernes y su eficacia en la reactivación económica.

Esta tarde el Senado de la República aprobó en octavo debate el proyecto de reforma constitucional del artículo 34 de la constitución política, en el que se establece la prisión perpetua para los violadores de niños revisable. El proyecto que tuvo 77 votos a favor y 0 en contra, ya que la mayoría de la bancada de oposición se retiró del debate. Por otro lado, la reforma a la constitución recibió total espaldarazo del partido Conservador, Centro Democrático, Mira y Colombia Justa Libres y la mayoría de los Liberales, U y Cambio Radical.

El proyecto aprobado esta tarde fue radicado el 20 de julio del año pasado por ocho distintas colectividades y con la bendición del presidente Duque, que presentó este proyecto como una de sus banderas de gobierno y que dio un espaldarazo al momento de radicar el proyecto por los distintos partidos.

La iniciativa que se ha hundido ocho veces comprende una pena de prisión perpetua para quienes cometan delitos sexuales en contra de menores de edad, con derecho de revisión a los 25 años de haber cumplido la pena. El proyecto de Acto Legislativo no comprende que sea retroactivo, esto sumado a que los ponentes del proyecto no creen en que las personas que cometen estos delitos se puedan resocializar. Actualmente la condena máxima es de 60 años; pero el principal problema está en la impunidad que llega a ser hasta del 99 por ciento.

Para expertos en cuanto a este proyecto ganó el populismo punitivo frente a los tecnicismos de los expertos que consideraban que esta medida no ayuda a que se disminuya la comisión de delito; aumenta los problemas de hacinamiento en las cárceles y lo más peligroso, que no logra la resocialización de los victimarios. Cabe recordar que en cuanto al acompañamiento técnico el año pasado hubo un cambio de posición del concepto del Consejo Asesor de Gobierno en Política Criminal que en un momento emitió un no rotundo al proyecto, pero después dijo que sí era conveniente…

A pesar de las recusaciones contra los congresistas de la comisión primera y de ser aprobado dos días antes de finalizar la legislatura, ahora el proyecto tendrá que afrontar varias demandas por inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y por supuestos vicios de trámite en el séptimo debate en la comisión primera del Senado.

 Lo que opinan los panelistas

Jairo Libreros, editor de seguridad, profesor universitario y abogado, basado en estudios sobre la comisión de delitos contra menores de edad, las penas como la cadena perpetua no sirven para disuadir a los criminales “en segundo lugar, las penas en Colombia son muy altas y desde ese punto la gente no va a dejar de cometer los delitos; esto es ir en contra de los estudios, de lo sustentado” aseguró sobre el tema. También señaló que esta decisión del Congreso no es responsable ya que el principal problema es la impunidad. Otro de los puntos que consideró importante es que esta reforma puede tender a sustituir la constitución, ya que altera su esencia liberal en la medida que elimina la resocialización, punto importante de la constitución de 1991. Además, finalizó diciendo que el populismo punitivo no garantiza que los delitos se dejen de cometer.

Para Libreros el precio sobre la cabeza de Santrich y Márquez es un tema relacionado en fortalecer el cerco judicial de la dictadura de Miraflores. “La estrategia es romper el eslabón del narcotráfico, el Cartel de los Soles y Miraflores; están buscando información” agregó que para Colombia puede traer cosas positivas por ejemplo en lo relacionado con la estabilización de la implementación de la paz, en la medida que puede contribuir a que disminuya el reclutamiento de las disidencias.

Para Juan Esteban Lewin, editor general de La Silla Vacía, la decisión del Congreso representa una victoria del populismo punitivo, ya que según él y basado en estudios, la forma para que las personas dejen de cometer un delito es que la probabilidad de ser capturado aumente y no la sanción penal. Ante este punto agregó “la política criminal se debe enfocar en cómo hacemos para capturar los delincuentes y no en subir la pena.” Para Lewin una opción que contribuye en la materia es que los delitos sean imprescriptibles, lo que permite que las personas puedan denunciar cuando lo crean pertinente. En cuanto al sentido político de la decisión, dice que sí es un triunfo para el gobierno de Duque y para el Centro Democrático, además, de que permite ver ya con claridad una especie de coalición de gobierno que crea mayorías, esto en parte también gracias a la llegada de varios partidos al gobierno.

Frente a la decisión de Estados Unidos sobre Santrich y Márquez, dice que son peones en un escenario más amplio de la presión de ese país sobre Venezuela. Sostiene también que más allá del hecho de mirar hacia la región por parte de Trump, a él le interesa más lo que pueda ocurrir en la parte comercial con China o Rusia, por lo que considera que lo que pasa en la región es un tema de tercer o cuarto nivel para el gobierno de Trump.

Según José Miguel Santamaría, miembro de la corporación Pensamiento Siglo XXI, este proyecto aprobado busca hacer una especie de cerco sobre las personas que cometen estos delitos. Además, opina que envía un mensaje a los violadores y maltratadores de niños para decirles que la sociedad está en contra de ellos y alertarlos sobre el alcance de la pena. Sobre el alcance político, dijo que hay nuevas mayorías que el gobierno puede empezar a manejar mejor pero que se siguen viendo divisiones en partidos como la U o Cambio Radical.

Santamaría apunta que se debe entender el año electoral en Estados Unidos y las intenciones de Trump para mover el tema de Venezuela, asunto que pueda resultar importante para el electorado de estados como la Florida. Agregó que la movida del Departamento de Estado en contra de Santrich y Márquez no es precisamente un tema de lucha contra el narcotráfico o política pública, es un coletazo electoral instrumentalizando a los disidentes de las Frac.

Augusto Reyes, abogado, mánager político y director de Poder & Poder, plantea que la decisión del Congreso se debe mirar desde lo jurídico y lo político. Frente al primer asunto plantea que desde una óptica penal hay ciertos reparos sobre la efectividad de la medida. En cuanto a lo político, plantea que es una victoria de la agenda política del Centro Democrático y de Duque, entendiendo que estaba dentro de su agenda programática y de discurso como una promesa. Sostuvo que es grave que con esta medida se tiende a declinar el objetivo principal de nuestro sistema y es la posibilidad de resocializar.

En cuanto a la decisión del Departamento de Estado sobre Santrich y Márquez plantea que ese acto es un saludo a la bandera desde la lógica de lo que puede competerle a Colombia. “Lo que hace EE. UU es nada mas allá de seguir construyendo su relato y narrativa en contra de Maduro. Washington lo tiene en la mira y si para ejercer acción que provoque la caída de Maduro y asociados tiene que instrumentalizar y utilizar a personajes como estos disidentes.”

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