La JEP y los casos que está recibiendo
Analistas debaten por qué la Jurisdicción Especial para la Paz está recibiendo polémicos casos que pueden ser distantes de esta jurisdicción.
El tema de fondo de Hora 20, los polémicos casos que ha aceptado la JEP, entre estos, el caso de Álvaro Ashton, y los exsenadores "Ñoño Elías" y Musa Besaile.
En dos años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido encuentros y desencuentros con instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, ha acogido sentencias de políticos relacionados con escándalos de parapolítica, el cartel de la toga, exagentes del DAS y reclutadores.
En el último balance realizado por la jurisdicción, el pasado 15 de enero. Se conoció que en estos dos años la JEP ha tomado 16.500 decisiones judiciales, 12.235 personas están sometidas y 82 audiencias se han llevado a cabo.
En cuanto a los terceros, que incluye a agentes del Estado, comerciantes, ganaderos y políticos son 657 los que han pedido cupo en la JEP, entre estos hay más de 40 parapolíticos. Después de que estas solicitudes llegan a la jurisdicción, son estudiadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para determinar si entran o no a la JEP.
En enero de este año fue aceptado en esta jurisdicción el también exsenador Musa Besaile; la JEP informó que aceptó a este tercero civil por sus vínculos con las autodefensas para ser elegido como senador de Córdoba. Esto le implicaría delitos como concierto para delinquir, cohecho y peculado por apropiación.
También aceptó el caso relacionado con el cartel de la toga, con el argumento de que la intención de sobornar magistrados de la Corte Suprema de Justicia era encubrir investigaciones en su contra por relaciones con paramilitares y tendría una eventual conexidad consecuencial con el delito de concierto para delinquir; el mismo argumento utilizado en el caso de Álvaro Ashton, el cual fue aceptado en esta jurisdicción en julio de 2019 y quedó en libertad en septiembre de mismo año.
La Procuraduría apeló ante la JEP los casos de Char, Ashton y Besaile, ya que el procurador considera que estos casos son de corrupción administrativa y no tienen relación con el conflicto armado.
La Fiscalía también se opone a que el caso del cartel de la toga sea asumido por esta jurisdicción de paz, tanto, que se ha negado a remitir el expediente del exsenador Álvaro Ashton a la JEP. El ente acusador advierte que la idea de la conexidad consecuencial, con el fin de atar delitos comunes al conflicto armado, se llegaría al punto en que muchos delitos cometidos en el país serían competencia exclusiva de la JEP.
Frente al choque de competencias entre la JEP y la Fiscalía; el recién elegido fiscal general, Francisco Barbosa y la presidenta de la jurisdicción, Patricia Linares, estuvieron de acuerdo en que es la Corte Constitucional la encargada de resolver estas diferencias.
Qué se dijo
Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda señaló que "es necesario que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia destraben lo más pronto posible el conflicto de competencias entre la JEP y otras jurisdicciones."
Por otro lado, María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, "el sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz debe ser íntegro y debe aportar verdad para esclarecer delitos durante el marco del conflicto armado."
En relación con lo mencionado por Camila Moreno, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, señala que quienes quieran llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz, "tienen que entregar verdad y que esta se logra aplicando unos beneficios por parte de la justicia."
Para el miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, José Miguel Santamaría, "muchos de los hechos de violencia que han ocurrido en el país son gracias a las acciones de las Farc."
Para el jurista y profesor universitario, Carlos Medellín, la JEP es un sistema de justicia transicional que tiene un régimen punitivo diferente, el cual consiste en menor rigor de la justicia a cambio de penas más leves y verdad.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, señaló que "la lógica de a JEP es satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado", por lo tanto, señala que no es una jurisdicción encargada de resolver los problemas de impunidad en el país.
Por último, senador del partido de la U, Roy Barreras, señaló que no es posible garantizar no repetición, si no se conoce cómo han operado los aparatos de parapolítica en el país.
