Organizaciones piden que las Farc no puedan participar en política inmediatamente

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación envió un documento a la Mesa de Negociación de la Habana, en el marco de la renegociación del Acuerdo Final con las Farc, proponiendo, entre otras cosas, que los miembros de dicha guerrilla no puedan participar en política inmediatamente, y que la recuperación de sus derechos políticos vaya condicionada al cumplimiento de sus penas.

"Algunos sectores de la sociedad colombiana rechazan su inmediata elección en órganos de representación política. Teniendo en cuenta estas dos premisas, que debe haber un tránsito de las armas a la política, pero que para algunos no puede ser inmediato, la solución está entonces en que los derechos de participación política de los excombatientes de las FARC-EP que sean condenados por delitos no amnistiables vayan siendo recuperados progresivamente, en la medida en que se verifique el cumplimiento efectivo de las sanciones correspondientes. El diseño de las sanciones que se
impongan dentro de la JEP debería contemplar diferentes escenarios en los que se permita la representación y/o vocería política de aquellos, condicionada a (i) la dejación de armas y (ii) la contribución a la satisfacción de los derechos de las
víctimas, sin menoscabo del cumplimiento efectivo de las sanciones a las que haya lugar", dice la carta firmada por ONG's como De Justicia y la Comisión Colombiana de Juristas.

Para dichas organizaciones, es necesario que en la renegociación se establezca que el umbral seguirá siendo requisito para definir la financiación de los partidos, pues ya se había dispuesto un presupuesto fijo para el partido de las Farc. "El umbral de votación dejará de ser un requisito
únicamente para el reconocimiento de la existencia de una organización política. Para todos los demás efectos, como la financiación, por ejemplo, el cumplimiento del
umbral seguirá siendo un requisito esencial", dice la carta.

También advierten que el nuevo Acuerdo "debería aclarar que los partidos y movimientos políticos que actualmente cuenten con representación en el Congreso de la República y aquellos que lleguen a tenerla en virtud del Acuerdo, lo que incluye al partido o movimiento político que surja de las FARC-EP, no podrán inscribir candidatos
para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz".

Las organizaciones firmantes también consideran que el "Acuerdo debería explicitar el compromiso de las FARC-EP de poner a disposición de la sociedad colombiana todos los bienes derivados de la denominada “economía de guerra”, en especial, para que éstos contribuyan a la
reparación de las víctimas".

También advierten que, como ninguna norma constitucional o internacional prohíbe amnistiar el narcotráfico, se debe aclarar explícitamente el compromiso de las Farc para esclarecer la verdad y garantizar la no repetición. "Dada la gravedad de ese delito para la sociedad colombiana en este caso, el Acuerdo debería explicitar que el tratamiento penal especial sería otorgado a condición de que el involucramiento en el narcotráfico no
haya buscado un provecho personal y haya colaboración efectiva en términos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, y entrega de información y de bienes
para reparar materialmente a las víctimas", dice la misiva.

Las organizaciones entre las que también figuran universidades y la Corporación Excelencia a la Justicia, piden que se tramite con urgencia una Ley de Amnistía para los guerrilleros de las Farc.

"Tal medida jurídica comprende los delitos que no constituyan crímenes internacionales ni graves violaciones a los derechos humanos, los cuales deberán ser investigados, juzgados y sancionados. En todo caso, la
amnistía tendría que estar condicionada a la finalización del proceso colectivo de dejación de armas y su aplicación procederá luego de que se alcance un nuevo Acuerdo de paz", indica la carta.

Advierten que el nuevo Acuerdo no debe ingresar indefinidamente al bloque de constitucionalidad. En su lugar proponen que el Acuerdo "debería establecer que éste informará las normas que se expidan para su implementación y servirá de
criterio de interpretación de aquellas".

También respaldan las observaciones planteadas por la Corte Suprema de Justicia, en las que piden que la Jurisdicción Especial para la Paz sea adscrita a la Rama Judicial. "El Acuerdo debería fijar un límite temporal y razonable de la JEP, el cual podría prorrogarse si existiera necesidad
justificada por el Secretario Ejecutivo. Igualmente, el Acuerdo debería precisar las atribuciones de la JEP frente a cosa juzgada y reforzar las garantías de independencia
e imparcialidad de los integrantes de la JEP, así como precisar su forma de articulación con el conjunto de la rama judicial", dice la carta.

También advierten que el Acuerdo debe precisar "la responsabilidad de los mandos de las FARC-EP y de
los agentes estatales por los actos de sus subordinados", y debería fijar las condiciones de cumplimiento de la restricción efectiva de la libertad en las zonas verdales.

"Debe establecerse la administración de tales zonas, la cual podría ser realizada por un órgano internacional
como las Naciones Unidas, que deberá establecer un régimen administrativo y disciplinario. El Acuerdo también debería precisar que, luego de la finalización del
proceso de dejación de armas (díaD+181), los excombatientes que hayan dejado las armas deben trasladarse a las zonas rurales de transición para iniciar a descontar el
cumplimiento de la sanción de restricción efectiva de la libertad", advierte la carta.

Finalmente advierten que deben ser respetados los siguientes ‘inamovibles' del Acuerdo: "la centralidad de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; el enfoque territorial; el fortalecimiento del Estado de Derecho; la reforma rural integral; y la participación ciudadana".

La carta la firman, entre otras organizaciones, la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Ideas para la Paz, De Justicia, la Corporación Excelencia a la Justicia; el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría; la Misión de Observación Electoral; el Fondo de Capital Humano del Instituto de Transiciones Integrales, y varias universidades