Congresistas de EE.UU., preocupados por asesinatos de líderes en Colombia

Un grupo de congresistas estadounidenses, encabezados por el demócrata Jim McGovern, envió una carta al secretario de Estado John Kerry en la que manifiestan su preocupación por el aumento en la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. 

En la misiva, los congresistas indican su preocupación ante "la escalada de asesinatos, amenazas y ataque contra defensores de derechos humanos colombianos, sindicalistas, activistas LGBT y mujeres, líderes de restitución de tierras, campesinos y líderes indígenas y afrocolombianos". 

Los demócratas le piden al Secretario Kerry que "presione y trabaje con el gobierno colombiano para condenar públicamente esta violencia en los términos más fuertes, incrementar y expandir los mecanismos diseñados para prevenir que estos ataques se lleven a cabo y dar seguridad a los defensores y líderes sociales para que puedan seguir ejercitando su invaluable labor y liderazgo". Además, piden que estas medidas de seguridad sean consensuadas con las comunidades para su mayor efectividad. 

Para los congresistas, los líderes sociales son "el capital humano que Colombia necesita ahora que se enfrenta a la implementación de los acuerdos de paz, la promoción del desarrollo y la participación política y a brindar las garantías para la verdad, justicia, reparación y el fin de la violencia. Colombia no necesita más víctimas. Necesita comunidad, líderes regionales y nacionales dispuestos a asumir estos retos". 

Igualmente, le recuerdan a Kerry que el embajador de su país en Colombia, Kevin Whitaker, condenó los asesinatos de líderes sociales y se comprometió a trabajar por su protección. Por esta razón, le recomiendan que visite "las áreas donde son más amenazados y vulnerables los defensores, denuncie la violencia perpetrada contra ellos y les brinde mecanismos de protección". 

Los congresistas afirman que es necesaria la pronta implementación de los puntos del acuerdo de paz que hablan sobre una comisión de garantías de seguridad y una unidad especial de investigación junto a la Fiscalía General de la Nación, así como el aparte del acuerdo en el que el Gobierno colombiano se compromete a "establecer políticas públicas y estrategias de protección a los defensores de derechos humanos, en particular a esos que son víctimas del paramilitarismo y agentes del Estado".