CIDH reitera preocupación por fuero militar en Colombia
El pasado 11 de diciembre, la plenaria del Senado de la República aprobó en último debate la reforma y el 28 de diciembre siguiente se promulgó el Acto Legislativo.
(Thot)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como un ‘grave retroceso’ en materia de derechos humanos la reforma constitucional por la cual se modifican los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia y se amplía significativamente el alcance de la jurisdicción penal militar.
“La Comisión Interamericana considera que varias de las disposiciones aprobadas serían incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la reforma contiene disposiciones ambiguas que están supeditadas a una ley estatutaria posterior, y por lo tanto genera incertidumbre jurídica”, indica la CIDH en un comunicado.
El pasado 11 de diciembre, la plenaria del Senado de la República aprobó en último debate la reforma y el 28 de diciembre siguiente se promulgó el Acto Legislativo sobre Fuero Militar número 02.
La reforma establece que los presuntos delitos cometidos en el marco de una operación militar serían juzgados bajo la jurisdicción penal militar, y aplicando el derecho internacional humanitario.
La CIDH indica que aunque la reforma excluiría del fuero militar crímenes de lesa humanidad, el genocidio, y una serie de graves violaciones a los derechos humanos (la reforma hace referencia a desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado), “otras graves violaciones a los derechos humanos serían conocidas por la jurisdicción militar, por ejemplo, crímenes de guerra y detenciones arbitrarias, entre otros”.
Es así como la comisión llama la atención sobre los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que han establecido que la investigación de violaciones a los derechos humanos debe ser realizada por las instancias de la jurisdicción ordinaria, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, situación que no sucedería con el fuero aprobado porque, bajo la nueva normativa, las primeras diligencias tras un presunto delito cometido por un miembro de la fuerza pública estarían generalmente a cargo de la justicia penal militar.
“Preocupa a la CIDH la visión contenida en esta reforma constitucional, que sugiere que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son cuerpos legales mutuamente excluyentes”, señala.
La CIDH concluye diciendo que la reforma constitucional sobre la justicia penal militar pondría en riesgo el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“La Comisión Interamericana considera que varias de las disposiciones aprobadas serían incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la reforma contiene disposiciones ambiguas que están supeditadas a una ley estatutaria posterior, y por lo tanto genera incertidumbre jurídica”, indica la CIDH en un comunicado.
El pasado 11 de diciembre, la plenaria del Senado de la República aprobó en último debate la reforma y el 28 de diciembre siguiente se promulgó el Acto Legislativo sobre Fuero Militar número 02.
La reforma establece que los presuntos delitos cometidos en el marco de una operación militar serían juzgados bajo la jurisdicción penal militar, y aplicando el derecho internacional humanitario.
La CIDH indica que aunque la reforma excluiría del fuero militar crímenes de lesa humanidad, el genocidio, y una serie de graves violaciones a los derechos humanos (la reforma hace referencia a desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado), “otras graves violaciones a los derechos humanos serían conocidas por la jurisdicción militar, por ejemplo, crímenes de guerra y detenciones arbitrarias, entre otros”.
Es así como la comisión llama la atención sobre los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que han establecido que la investigación de violaciones a los derechos humanos debe ser realizada por las instancias de la jurisdicción ordinaria, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, situación que no sucedería con el fuero aprobado porque, bajo la nueva normativa, las primeras diligencias tras un presunto delito cometido por un miembro de la fuerza pública estarían generalmente a cargo de la justicia penal militar.
“Preocupa a la CIDH la visión contenida en esta reforma constitucional, que sugiere que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son cuerpos legales mutuamente excluyentes”, señala.
La CIDH concluye diciendo que la reforma constitucional sobre la justicia penal militar pondría en riesgo el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
