Agua

Contraloría advierte deficiencias en estudios sobre el Arroyo Bruno

Las deficiencias se hallaron en los estudios que “soportaron la viabilidad del desvío del Arroyo Bruno”

Parte media del Arroyo Bruno. /

La Contraloría General de la Nación notificó en un informe a la Corte Constitucional del incumplimiento de dos órdenes que emitió el alto tribunal para la protección ambiental del Arroyo Bruno, en La Guajira, que fue desviado por la empresa Cerrejón.

Uno de esos incumplimientos se halló luego de la auditoría que hizo la Contraloría en la evaluación “al informe técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el nuevo cauce”.

Según la Contraloría hubo “debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas”, así mismo indicó que se presentaron “debilidades en relación con las fuentes de información, los soportes documentales y los datos considerados en las evaluaciones realizadas. Debilidades en la evaluación de los posibles impactos. Y debilidades en la determinación de las conclusiones plasmadas en el informe técnico”.

Esto tiene que ver con la orden octava que emitió la Corte Constitucional en la Sentencia SU-698 de 2017 en esta se señaló: “ordenar a la mesa interinstitucional que, como medida provisional, decida acerca del restablecimiento del paso de las aguas superficiales del Arroyo Bruno hacia su cauce natural mientras se realiza el estudio técnico a que alude el numeral quinto de la parte resolutiva de esta providencia, y, de ser del caso, se incorporan sus conclusiones al PMAI. La adopción de esta medida provisional debe resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, sin perjuicio de que la mesa así lo disponga con posterioridad, de conformidad con sus hallazgos”.

El otro incumplimiento que halló la Contraloría tiene que ver con la orden quinta, la Contraloría indicó que “determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta para los actores que hacer parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo, responsable del cumplimiento de la Sentencia”.

La Contraloría sostuvo que en el segundo semestre de 2022 se hará una nueva auditoría sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento que suscribieron las entidades estatales involucradas como resultado de la efectuada en 2020.

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