Gobierno

Juez ratificó pago de indemnización a damnificados de San Francisco

Tras negar una acción de tutela, Ministerio de Vivienda y Alcaldía de Cartagena deberán pagar por los perjuicios causados a las víctimas

San Francisco /

Ya son tres fallos de tutelas que dejan en firme la decisión que condenó al Ministerio de Vivienda y al Distrito de Cartagena al pago de $ 172.000 millones de pesos, por perjuicios morales y materiales a 2.469 familias habitantes del barrio San Francisco de Cartagena, que perdieron sus viviendas por una falla geológica que destruyó gran parte del sector en el año 2011.

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Las tres tutelas, se han presentado contra el Tribunal Administrativo de Bolívar ante el Consejo de Estado y el fallo ha sido a favor de las familias de San Francisco, que esperan desde hace años el reconocimiento económico que ordena la sentencia de reemplazo del 24 de julio del 2020, siguiendo los lineamientos señalados por la Sala de Decisión Especial No. 6 del Consejo de Estado en la sentencia de Unificación de jurisprudencia del 3 de marzo del mismo año.

Las tutelas contra el fallo condenatorio han sido presentadas por el Ministerio de Vivienda, y al Distrito de Cartagena.

La primera tutela fue fallada declarándola improcedente por la sección segunda, el día 12 de Junio del 2019 con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez.

Posteriormente la segunda tutela, fue negada por la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto de la sección cuarta el día 22 de abril del 2020, que al ser apelada por Minvivienda fue declarada improcedente mediante fallo del 1 de junio del 2020 por la sección primera con ponencia de Roberto Augusto Serrato Valdés.

La tercera tutela fue presentada por el Distrito de Cartagena en el mes de febrero del presente año. En primera instancia fue negada por la subsección B de la sección segunda el día 31 de mayo del 2021 por el Magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, no obstante, esta negativa el Distrito de Cartagena presenta apelación.

El 1 de julio del presente año, con ponencia del Consejero Rafael Francisco Suarez Vargas de la sección segunda subsección A, confirma que la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 24 de Julio del 2020 con Ponencia el Magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, no vulneró los Derechos Fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad como lo señala el Distrito de Cartagena.

En la tutela se argumentó que en el proceso de acción de grupo del barrio San Francisco existen más de 16 pruebas o hechos que demuestran los perjuicios ocasionados a las 2.469 familias del barrio San Francisco, especialmente el perjuicio moral al que hoy tienen derecho y que el Magistrado Villalobos Álvarez efectuó un estudio ajustado a la normatividad vigente y a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El magistrado Villalobos, luego de analizar las pruebas, dentro del proceso de acción de grupo, llegó a la certeza de que los calamitosos hechos generados por la falla geológica, le generaron sentimiento de aflicción, desesperación, congoja y desasosiego a habitantes del barrio San Francisco y sectores aledaños.

Lo que dice el Consejo de Estado

También dijo el Consejo de Estado, al analizar la providencia objeto de estudio, evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar, lejos de desatender la jurisprudencia sentada por esta corporación, la aplicó de manera congruente con la magnitud de los hechos y su valoración desde la óptica de la inferencia indiciaria, lo que le permite concluir que estaban acreditados los perjuicios morales contrario a lo alegado por el Distrito de Cartagena en la acción de tutela.

La plata está consignada

El Ministerio de Vivienda el 29 de enero del presente año consigno la suma de $ 172.847.313.357 a la Defensoría del Pueblo para el pago de la condena a los damnificados del Barrio San Francisco beneficiarios, y relacionados en la sentencia del 24 de julio del 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, e “irónicamente mientras la cartera Ministerial paga, el Distrito dilata el cumplimiento de la sentencia”.

Pero igualmente, el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena muy a pesar de varios pronunciamientos de sus Superiores y en especial el Consejo de Estado, omite enviar el censo de los damnificados a la Defensoría del Pueblo, información que fue aportada al proceso digitalizada desde el mes de julio del año 2018.

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