Así va el caso de la niña indígena violada por siete militares en Risaralda

Pereira

El 23 de junio del año pasado se conoció el aterrador caso de una niña indígena que fue abusada sexualmente por siete soldados en el corregimiento de Santa Cecilia del departamento de Risaralda.

Esta violación se registró muy cerca a la escuela Pio XII del municipio de Pueblo Rico, a unos 136 kilómetros de la ciudad de Pereira, un sector que históricamente ha sido olvidado por las autoridades y en el que sus habitantes deben enfrentarse a diferentes dificultades como la incursión de grupos ilegales que hacen tránsito por la zona, el mal estado de las vías, entre muchas otras cosas.

Desde ese lugar fue trasladada la niña hasta la capital risaraldense y, según las comunidades indígenas, no se cumplió con la ruta de atención y la menor fue revictimizada por parte de las autoridades.

En Pereira estuvo viviendo en la comuna Villasantana hasta hace un mes y medio porque su mamá, Mercedes, decidió regresar con ella y sus hermanos a la comunidad Mentuará, la cual pertenece al resguardo indígena Gitó Dokabú (a unas tres horas del casco urbano del corregimiento de Santa Cecilia, caminando).

Actualmente, ella ya tiene 13 años y, según manifestó Ángela María Maya, la rectora de la Institución Educativa Dachi Dada Kera, a la cual fue vinculada la niña, no sabe leer ni escribir y, por supuesto, quedó con muchos problemas psicológicos y siente vergüenza al relacionarse con otras personas; de hecho, la madre tuvo que pedir que la recibieran en esa escuela que queda retirada de su vivienda porque, por el mismo temor, la niña no quiere tener docentes hombres.

"Le da pena de que la puedan juzgar, de cómo la miren. La niña es callada, es retraída y tiene mucha desconfianza frente al sentirse con más gente alrededor. La niña está atemorizada", puntualizó Maya.

Cuando el abuso sexual salió a la luz pública, tanto las autoridades departamentales como las nacionales y el Ejército hicieron muchas promesas como garantizar la educación de la niña, incluirla en planes de vivienda y otra serie de ayudas económicas; no obstante, todo parece indicar que no le han cumplido a la niña y a su familia. El gobernador indígena de ese resguardo, Uriel Queragama, contó que esta semana estuvo hablando con doña Mercedes y ella le pidió ayuda con unas tejas para su casa porque estaban durmiendo prácticamente a la intemperie.

"Me estaba preguntando que si la podía ayudar con un techo de lámina porque ellas están viviendo en un lugar donde no tienen techo. Están caminando como nómadas, buscando dónde vivir", agregó el líder ancestral.

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PRESUNTOS ABUSOS SEXUALES A OTRAS NIÑAS INDÍGENAS:

El 30 de junio del año pasado, Caracol Radio le contó en primicia a los colombianos que en esa zona indígena del occidente de Risaralda, al parecer, había otros militares que sostenían relaciones sentimentales con niñas indígenas menores de 14 años.

Esta casa radial habló con varias personas que hacen parte de las mismas autoridades y con algunos miembros de la comunidad, y encontró que, presuntamente, hay otros soldados, incluso de alto rango, que dicen tener noviazgos con niñas de 11, 12 o 13; sin embargo, a la luz de la ley estos no son noviazgos sino que se convierten en abusos sexuales por la edad de las menores.

Pese a que desde el Batallón San Mateo enviaron un derecho de petición solicitando el nombre de la fuente en ese momento, Caracol Radio seguirá protegiendo su identidad y la de otras que han hecho la misma denuncia porque sus vidas podrían estar en riesgo.

"Hay una presunta investigación de que haya más personas involucradas en el tema de tener sexo con niñas. Alrededor de esto hay mucha gente involucrada", señaló una de las fuentes.

Y es que parece ser que algunos militares se han aprovechado de las niñas indígenas debido a las dificultades del lenguaje.

"Un militar que se meta con una niña indígena lo hace es por aprovecharse de ellas. Se aprovechan mucho de ellas, precisamente, por el tema del idioma, las enredan con mucha facilidad. Las niñas son las que menos entienden el español", denunció otra persona.

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PRESUNTOS ABUSOS SEXUALES A NIÑAS AFRO:

Pueblo Rico es un municipio triétnico con un alto porcentaje de indígenas y afrodescendientes; en ese lugar, aparentemente, algunos soldados no solo sostienen relaciones sentimentales y sexuales con las pequeñas indígenas, ese delito también se estaría registrando en contra de niñas afro, como lo contó una fuente a este equipo periodísto, a quien también se le reserva su identidad.

"Con afros hay un rango de 14 o 13 años. Infortunadamente, nuestra comunidad es muy permisiva con esa situación pero eso sucede con mucha frecuencia", dijo.

Entre tanto, desde el Ejército Nacional aseguraron que no tienen ninguna denuncia al respecto y que no hay otros casos diferentes al de la menor Emberá.

Así las cosas, serán entonces las autoridades las que deban investigar estas situaciones que fueron reveladas en primicia hace 10 meses en Caracol Radio y que ahora parecen ser más evidentes.

¿QUÉ HA PASADO CON LOS SOLDADOS?

Ellos, desde que se conoció el caso, fueron trasladados al centro de reclusión que queda al interior del batallón Pedro Nel Ospina, del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, y, en este momento, permanecen en ese lugar. El proceso de juzgamiento, el cual está a cargo de la Fiscalía y de la Procuraduría, no de la Justicia Militar, ha sido muy lento.

Hasta ahora, fueron inhabilitados por 20 años y están esperando la lectura del fallo con la decisión final sobre cuál será la condena penal que deben pagar. Esa decisión la deberá tomar un juez.

Por su parte, los indígenas insistirán en que se permita la aplicación de la justicia ancestral, porque temen que en esa guarnición militar no estén recibiendo un castigo suficiente.

"Como aquí en Colombia no pasa nada, como todo se arregla con plata en este país, no ha habido pronunciamiento. Eso no se puede quedar así", aseguró el secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, Ancizar Hiupa.

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PROCESOS EN CONTRA DE LOS COMANDANTES:

Los siete soldados señalados de violar a la niña Emberá no son los únicos que han tenido que enfrentarse a un proceso con la Procuraduría; en enero llamaron a juicio disciplinario a los tres militares a cargo de ese pelotón y hace pocos días se supo que fueron retirados de sus cargos e inhabilitados, también por 15 años.

Se trata del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, quien era el comandante del Pelotón Buitre 2, y de los comandantes de Escuadra: cabo primero Camilo Andrés Hernández Martínez y cabo tercero Jaider Enrique Muñoz García.

La Procuraduría los encontró culpables de ocupar el colegio Pío XII en Santa Cecilia y convertirlo en una base en la que preparaban alimentos, realizaban puestos de seguridad y hacían uso de los baños; esas acciones, según el Ministerio Público, habrían convertido al plantel en un objetivo militar del ELN, colocando en riesgo a la población estudiantil y generando un ambiente que propició la violación de la niña; además, ya se inició una investigación penal en contra de ellos.

El sargento Díaz, quien fue el que denunció la violación ante sus superiores, volvió a lamentar el hecho, pero dice que haber denunciado resultó peor porque "me dejaron por fuera de la institución y sin trabajo. Por ahí me la paso ayudándole a la gente de la finca, en lo que me salga. Me ha dado duro toda esta situación porque por hacer más, hice menos".

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El hoy exmilitar advierte que apelará la decisión que terminó por apartarlo definitivamente del Ejército. Aunque desde las fuerzas armadas dicen que él faltó a la verdad porque, durante el tiempo que estuvo en la zona, reportó coordenadas falsas, Díaz asegura que el proceso en su contra fue una estrategia de los altos mandos para sacar del foco mediático a la institución.

"Yo creo que ese señor, el general Zapateiro, lo hizo fue por el hecho de que el Ejército no fuera más al fondo", agregó Díaz.

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RELACIÓN DEL EJÉRCITO CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS:

Cuando se registró el abuso sexual, los pueblos indígenas quedaron muy dolidos con el Ejército y, de hecho, pidieron que fueran retirados todos los militares del corregimiento de Santa Cecilia. Hoy, diez meses después, la relación ha mejorado un poco; sin embargo, todavía hay mucho temor por parte de las comunidades indígenas cuando ven a algún uniformado en la zona. En este momento hay 110 soldados custodiando la vía panamericana que comunica a los departamentos de Risaralda y Chocó.

"Nos da miedo que el Ejército quede dentro de la comunidad. Algunos piensan que de pronto va a suceder lo mismo que en el corregimiento de Santa Cecilia. Pusimos un acuerdo de que el Ejército puede estar pero retiradito", dijo el gobernador indígena del resguardo Gitó Dokabú, Uriel Queregama.

Finalmente, es importante señalar que, aunque el Ejército ha realizado obras de infraestructura en la zona y ha entregado algunas ayudas humanitarias, la mayor petición de los pueblos ancestrales del occidente de Risaralda es que haya justicia en el caso de la niña abusada y que los implicados paguen una condena ejemplar.

"Porque si no los castigamos, nunca van a respetar y así van a acostumbrarse. Nosotros queremos que la justicia ordinaria sea real", añadió Queragama.

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Finalmente, Caracol Radio se continuará haciendo seguimiento a este hecho que ha generado el rechazo de todo el país.