Cartagena de Indias

Personera aseguró que no existen denuncias en su contra por acoso laboral

Carmen De Caro, manifestó que las pretensiones de los sindicatos es que todo el presupuesto se dedique a más gastos de nóminas extralegales

Personera Distrital, Carmen De Caro /

Ante las denuncias públicas que realizó el presidente de uno de los seis sindicatos existentes en la Personería Distrital de Cartagena, la jefa del Ministerio Público, Carmen de Caro Meza, aclaró que a la fecha no existe ninguna denuncia por presunto acoso laboral en el Comité Oficial que estudia este tipo de actuaciones.

La funcionaria aseguró que hasta la fecha tampoco existe ninguna demanda formal de algún caso de persecución laboral ante las instancias competentes.

“Se me acusa de estar realizando una reestructuración administrativa politizada, cuando la realidad es que desde hace veinte años no se efectúan modificaciones ni cambios al interior de la planta de personal de la Personería Distrital, dejando de lado las necesidades reales de la ciudad, y, hasta la fecha, solo se adelanta un estudio integral de la entidad en dónde los empleados han participado con sus representantes en las etapas correspondientes sin excepción alguna, estudio que ha sido abierto y participativo para que la entidad ejecutora haga las recomendaciones correspondientes”, aseveró Carmen De Caro.

La Personera argumentó que los empleados en carrera administrativa siempre les serán respetados sus derechos, y ninguno será removido de su cargo.

“Se me acusa de incumplimiento del Acuerdo Sindical y evidentemente, hay algunos puntos que no se han adelantado por motivos financieros, lo cual se les informó previamente, de la mano con el procedimiento correspondiente para hacerlo. Por la pandemia, se redujo el presupuesto de esta entidad en cerca del 10% de sus ingresos, debiendo tomarse rubros de esta vigencia presupuestal para cubrir gastos prioritarios y de obligatorio cumplimiento como las cesantías”, explicó.

De Caro manifestó que las pretensiones de los sindicatos es que todo el presupuesto se dedique a más gastos de nóminas extralegales cuando lo que hoy necesita la entidad, es, prioritariamente, atender las necesidades de las comunidades con más oferta de servicios para proteger sus derechos.

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