Tutela salva a campesinos de Cachenche que sean sacados de los predios
La Sociedad de Activos Especiales busca desalojar a esta comunidad, la cual lleva más de 20 años ocupando estos terrenos ubicados en Turbana
Campesinos de Cachenche, Turbana(Cortesía)
Cartagena de indias
El Juzgado Promiscuo de Turbana, suspendió la orden de desalojo a los campesinos de Cachenche, jurisdicción del municipio, gracias a la acción de tutela instaurada por Ana Lucía Miranda en contra de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales buscaban sacar de los predios a una comunidad de más de 800 personas, que la habitan desde hace más de 20 años.
Los habitantes de estos predios, denuncian una serie de situaciones adversas acompañadas de presiones por parte de funcionarios de la SAE.
Héctor Pérez Fernández, presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, indicó que las aproximadamente 220 familias que habitan estos predios, desde hace dos décadas de manera pacífica poseen y explotan estas tierras de Cachenche, para distribuir sus cultivos por todo el municipio de Turbana.
“Es tan absurda la situación que, en días pasados llegó una funcionaria de la Sociedad de Activos Especiales, que desconocía cuáles son las tierras a desalojar y fueron los mismos campesinos quienes la guiaron a hacer un censo parcial de cerca de 60 familias. Nadie sabe cuáles son los reales linderos, dimensiones de los linderos, ni la real cabida de la finca que está en conflicto por un señor que fue supuesto dueño hace 24 años, porque aquí no ha habido dueño”, señaló Pérez Fernández.
Enaldo Tóvar, presidente de los Campesinos de los Montes de Dios, finca Cachenche, jurisdicción de Turbana, expresó que “los campesinos del área hemos tomado posesión para cultivar la yuca, el ñame, plátano y hoy cuando ya esté predio tiene un gran valor, muchas empresas están presionando a la Sociedad de Activos Especiales para que nos saquen de este predio”.
Esta comunidad apuntó sobre Juan Pablo Valbuena, gerente Norte de la SAE, como el directo responsable de esta anormal situación que se presenta en el municipio de Turbana.
En la admisión del amparo constitucional, se solicita a la Alcaldía de Turbana, Personería Municipal, SAE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gobernación de Bolívar, Agencia Nacional de Tierras, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, entregar en un plazo no mayor a las 48 horas, un informe sobre los hechos materia de la presente tutela.
Además de Héctor Pérez Fernández, acompañan a estas familias, los juristas, veedores y sindicalistas, Nixon Torres, Wadid Páez y Erick Urueta.
