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Caicedo denunciará presuntas irregularidades en la construcción del CAE

El anuncio lo hizo en el marco de la entrega de este inmueble en comodato a la Alcaldía de Santa Marta para que allí funcione un centro de reclusión.

El gobernador Carlos Caicedo anunció que presentará una denuncia penal contra la exgobernadora Rosa Cotes, el contratista y la interventoría por las irregularidades en la construcción de esta obra que se encuentra abandonada desde 2018, causándole un detrimento patrimonial al Departamento.

De acuerdo con el Gobernador, la primera fase del Centro de Atención Especializada (CAE) para menores infractores fue contratada el 30 de diciembre de 2015, un día antes de terminar el mandato del exgobernador Luis Miguel Cotes con la Unión Temporal CAE del Magdalena por un valor inicial de $749.994.726 y un plazo de ejecución de seis meses.

El 27 de noviembre de 2017, la entonces gobernadora Rosa Cotes adicionó el valor del contrato en un 50%, es decir, $374.997.663, con lo cual esta obra terminó costándole a los magdalenenses $1.124.991.992.

El CAE debió ser entregado en 10 meses, pero lo hicieron en marzo de 2018, casi tres años después, sin que la anterior administración hiciera efectiva las pólizas que cubrían los riesgos de cumplimiento, buen manejo del anticipo, responsabilidad civil y estabilidad de la obra.

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En julio de 2019, un equipo de expertos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizó una visita técnica de inspección antes de darle inicio a la segunda fase de esta obra, pero hallaron una serie de irregularidades tanto en el diseño como en la estructura física de la edificación, por lo que decidieron no continuar con la obra.

Esto también trajo como consecuencia que Findeter decidiera retirar el aporte de $3.000 millones que había comprometido para financiar la segunda etapa del CAE.

Con el fin de evitar que este inmueble continúe deteriorándose, el gobernador Caicedo decidió aceptar la solicitud de la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, de entregarlo en comodato por el término de dos años para que allí funcione un centro de detención transitoria para sindicados y de esta forma ayudar a la descongestión de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía.

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