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Conflicto Colombia

Defensoría advierte sobre el cambio de la dinámica criminal en Bajo Cauca

El pasado mes de agosto, la Defensoría advirtió lo que esta ocurriendo hoy con los desplazamiento en Tarazá y Cáceres.

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La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. Allí, en los últimos días se ha agudizado nuevamente el conflicto entre actores armados ilegales como el Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN y ahora con la llegada de las disidencias del frente 36. La pandemia había mermado las confrontaciones, pero a medida que se fue reactivando la sociedad, la guerra también.

Cuenta de ello son los desplazamientos masivos que se han reportado en menos de una semana. Entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre del año en curso, las veredas La Esperanza de Tarazá y La Amargura de Cáceres quedaron desoladas, todos sus habitantes salieron desplazados. Esta situación ya estaba siendo analizada por la Defensoría antes que esto ocurriera, así lo demostró con la alerta 045-2020.

El documento detalla que la dinámica criminal en el bajo Cauca se ha centrado en la confrontación y diezmar al enemigo, en el caso de las bandas criminales como Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias del frente 36.

Para el año 2020 se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”, dice la Defensoría en uno de los apartes del documento.

Los grupos ilegales, con este nuevo mecanismo tratan de aniquilar al adversario, dejando en medio a la población civil, que es la que termina asumiendo las consecuencias al ser señalados de ser colaboradores de uno u otro grupo armado.

Uno de los casos puntuales advertidos por la alerta es el del ELN, del que no se tenía evidencia de estar en confrontación directa con ningún grupo, solo con la Fuerza Pública, pero “había acuerdos tácitos que respetaban el control de sus territorios, y por eso solo sostenía combates con la Fuerza Pública. Pero el 2 de agosto del presente año, un grupo de hombres de las AGC incursionaron en el corregimiento de Puerto López y procedieron a asesinar al jefe financiero del ELN en la zona”, recalcó la entidad, lo que tiene en alerta máxima a la población en el municipio de El Bagre.

Desplazados

Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020, 50.483 personas fueron obligadas a salir forzadamente de los seis municipios del Bajo Cauca. Esto significa que, de los 260.681 habitantes de la subregión, proyectados por el DANE para el año 2020, cerca del 20% ha sido víctima de desplazamiento forzado.

Sin sumar los cerca de ochocientos desplazados de la última semana de los municipios de Cáceres y Tarazá, cifras que aún no están consolidadas.

Homicidios

Y es que el panorama en el Bajo Cauca en vez de mejorar, pese a la alta presencia de la Fuerza Pública con los componentes de la operación Aquiles Y Agamenón II, tiene una tendencia de aumento en los hechos criminales, aunque las autoridades muestren cifras de disminución de algunos delitos.

Por ejemplo, según cifras suministradas por la Policía Nacional a la Defensoría, en el Bajo Cauca, entre 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020, se registraron 1.057 homicidios en los seis municipios de la subregión.

Las cifras de la Policía Nacional indican que, de los 162 homicidios ocurridos durante el 2020, 115 fueron en zona rural y 47 en el área urbana, lo que significa un 244% más de asesinatos cometidos en corregimientos y veredas, recalca el ente garante de los derechos humanos.

El 90% de los homicidios en esta subregión son en modalidad sicarial, a pesar de los más de veinte frentes de conflicto observados, la mayoría de los decesos no ocurren en medio de combate rural.

Líderes sociales

Entre 2018 y 2020 se perpetraron 23 homicidios contra líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos, de los cuales doce (12) se ejecutaron en Tarazá; seis (6) en Cáceres; cuatro (4) en Caucasia y uno (1) en Zaragoza; prácticamente todos fueron perpetrados en zonas rurales de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS.

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