La Procuraduría abrió investigación contra ex alcalde de La Dorada
Se trata del actual representante a la cámara, Erwin Arias Betancur, sobre posibles irregularidades en un contrato del PAE.
Erwin Arias Betancur, representante a la cámara y exalcalde de La Dorada / Caracol Radio Manizales
Caldas
La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que abrió una investigación y solicitó pruebas sobre un proceso en contra al exalcalde de La Dorada y actual congresista caldense Erwin Arias Betancur, para establecer si hubo irregularidades en el convenio suscrito con la Asociación Juvenil Visión Futura, por valor de $570.157.720 con objeto del Programa de Alimentación Escolar – PAE.
El proceso es relacionado con la contabilización del menaje de los inventarios, la cantidad y el precio de las raciones entregadas por el operador, las cuentas maestras para la asignación especial de alimentación escolar y la supervisión de obligaciones contractuales y, además establecer si los investigadores incurrieron en una falta disciplinaria por posibles omisiones con las entregas a estudiantes de cuatro instituciones educativas.
Indican desde la entidad que, presuntamente faltando 148 días para el término del contrato, de 47.360 desayunos se habrían entregado 2.560, y de 107.477 almuerzos, solo se habría cumplido con 5.960.
En este proceso investigativo se incluye también a los exdirectores Administrativo de la División de Educación, Juan Carlos Rozo Tapiero, y de la División de Bienes, Johana Guillén López y Jorge Iván Sepúlveda Escobar; a los exsecretarios de Salud, Leandro Augusto Gutiérrez; General y Administrativa, María Zulay León Alzate, y de Hacienda, Giovanny Giraldo Ascanio; quienes al igual que Arias Betancur podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia, en días pasados, había solicitado pruebas por presuntas irregularidades en un proceso sobre el excaldalde en su período administrativo, sobre un contrato por 26 millones de pesos, para suministros de papelería y cafetería. Sobre este proceso la Procuraduría habría exonerado al municipio en el 2014.
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