$8 billones anuales en educación y salud le cuesta al país la ilegalidad

Cartagena de Indias

Más de $8 billones de pesos anuales le está costando a la salud y educación de los colombianos la ilegalidad, aseguró en el Congreso de Asocajas el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

La ilegalidad por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillo cuesta $1.6 billones, pero adicionalmente lo que cuesta la ilegalidad de juegos de suerte y azar es $1 billón, lo que da $2.6 billones.

Y si a esta cifra se le suman $5.4 billones de evasión de aportes parafiscales por año, tenemos que la ilegalidad por todos estos conceptos le está costando a la salud de los colombianos unos $8 billones, explicó el Contralor.

“Por eso, mi llamado es a coger a estos bandidos que nos están quitando la plata de la salud y de la educación”, dijo Córdoba Larrarte al hablar en la sesión inaugural del 30 Congreso de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas).

Evasión de aportes parafiscales

El Contralor se refirió en detalle a las trampas que tienden los evasores del pago de los aportes parafiscales.

“Si miramos en detalle las cifras de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, nos encontramos una de las grandes trampas, de maniobras que yo no dudo en calificar de corruptas, es una evasión anual de $5,4 billones de pesos en parafiscales. Una suma así equivale casi al 40 por ciento del presupuesto de una ciudad como Bogotá”, indicó al respecto.

Empleadores, en algunos casos basados en la ignorancia o en la complicidad de algunos trabajadores, dejaron de aportar en un año esa cifra porque, aunque debían girar casi $60 billones, hicieron un pago de 54, 3 billones, agregó.

Una plata que para el Contralor General seguro tomó rumbo hacia los bolsillos de personas que inescrupulosas no tienen idea de lo que significa el bien común.

Informalidad alcanza niveles dramáticos

El jefe del organismo de control mostró también su preocupación por la creciente informalidad laboral que, según estadísticas oficiales, afecta a casi cerca del 62 por ciento de personas que no cuentan con educación superior.

La realidad en este campo es tan dramática, que afecta igualmente al 26 por ciento de los colombianos que han tenido mayor acceso a la educación, señaló.

“En un trabajador informal se resumen la inequidad y la desigualdad: no tiene acceso a la seguridad social, no paga impuestos (en amplia medida porque no puede hacerlo) y no cuenta con un contrato, por lo cual no tiene acceso a los beneficios que un Estado, cualquiera que sea su modelo, debe brindarle”, comentó.

Para Córdoba Larrarte, la informalidad es una problemática que genera empleos de baja calidad y sin garantías ni protecciones, reduce la base impositiva privando de recursos a la inversión pública, actúa como competencia desleal al ser más barato que el trabajo formal y congestiona servicios públicos como el de la salud y la educación sin contribuir a su financiación.

El Contralor se mostró partidario de que se emprenda una cruzada que promueva una política de estado que le apueste a la formalización del empleo.

Recordó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cifra de informalidad laboral en nuestro país es de las más altas del mundo y se ha llegado a un colmo inaceptable y es que a un trabajador le resulta más costoso formalizarse que mantenerse en actividades que a lo mejor le den para subsistir, pero que no le aportan a la productividad del país.

De otra parte, alertó sobre la posibilidad de que la llegada masiva de venezolanos al país se pueda traducir en un aumento de la informalidad en el país.