Dejan libre a fiscal de Tunja que habría cobrado cuatro millones para archivar un proceso

Una juez negó la medida de aseguramiento domiciliaria solicitada por la Fiscalía porque la funcionaria no representaría un peligro para la sociedad.

Este lunes 30 de octubre se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Rubiela del Carmen Malaver Cely, fiscal 11 Local de Tunja, por los delitos de prevaricato por acción y omisión, en concurso con cohecho.
La Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Tunja realizó imputación de cargos ante un juez de control de garantías, por sus presuntas actuaciones cuando ejercía como fiscal 22 seccional de Chiquinquirá.

De acuerdo con la Fiscalía, la funcionaria presuntamente habría cometido los delitos de prevaricato por acción y omisión, en concurso con cohecho.

Según la investigación, la funcionaria habría solicitado cuatro millones de pesos a una persona procesada por la entidad. Las interceptaciones telefónicas conocidas dentro de este caso hacen una supuesta referencia a la fiscal Rubiela del Carmen Malaver, quien presuntamente iba a realizar los trámites necesarios para archivarle un proceso a un delincuente.

Efectivamente, un mes después de iniciada la investigación, el proceso fue archivado solamente con la ampliación de la denuncia.

Por estos hechos la fiscalía solicitó medida de aseguramiento con prisión domiciliaria preventiva argumentando que Malaver podría alterar las pruebas de la fiscalía en su favor.

Sin embargo, la juez del caso no encontró los argumentos necesarios para privar de su libertad a la funcionaria, y determinó que no es un peligro para la sociedad o para la modificación del material probatorio en su contra.

La fiscalía apeló esa decisión de primera instancia, mientras avanza la investigación para una sentencia condenatoria, señalando que Malaver sí representa un peligro para posiblemente desviar el proceso.

De ser encontrada responsable de los delitos que se le imputaron, la fiscal podría pagar una pena mínima de 96 a 108 meses de prisión.

Esta investigación de la fiscalía se adelantó en cumplimiento del ‘Plan Bolsillos de Cristal´, y avanza en investigaciones contra funcionarios judiciales vinculados a presuntos hechos irregulares en el desempeño de sus funciones.

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