Corpoboyacá y Corpochivor, dos de las seis CAR ‘permisivas’ con minería ilegal: Contraloría

El ente de control aseguró que “se evidencia permisividad” e “incumplimiento de las funciones” de vigilancia y control por parte de esas entidades.

Contraloría /

En el informe la Contraloría llama la atención sobre cómo las corporaciones están adelantando su actividad de control y vigilancia, indicando que “se evidencia permisividad” e “incumplimiento de sus funciones”.

Agregó la Contraloría que las actividades de prevención, control y erradicación de la minería ilegal, no están lo suficientemente articuladas con otros entes de control que permitan tener trascendencia para evitar las irregularidades, y para que al tiempo se proteja el medio ambiente.

La Contraloría tambien reportó que en los recursos naturales donde tienen incidencia estas corporaciones, (que no solamente son las que corresponden a Boyacá sino a otras 4 corporaciones autónomas : CSB (Bolívar), Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, Corpoguavio y Corponariño), hay afectaciones al agua, suelo y aire, debido a que no se estarían tomando “las medidas sancionatorias contra los presuntos responsables, y tampoco las medidas compensatorias frente a los impactos".

Agrega el informe que se "presentan demoras e incumplimientos de los términos de la Ley 1333 del 2009 (que fija el procedimiento sancionatorio ambiental) y no hacen seguimiento suficiente a las medidas preventivas impuestas por minería ilegal”.

Preocupa también el hallazgo de casos de minería ilegal en áreas protegidas, y que se habrían otorgado licencias ambientales para actividades mineras dentro de zonas de reserva forestal.

En el informe también se evidencia el lento trámite que se le daría a las solicitudes para las explotaciones mineras, ya que algunas completan 10 años o más en espera. Por ejemplo, Corpoboyacá tiene pendientes 51 solicitudes en trámite, algunas desde 2006.

La Contraloría informó todo lo anterior tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía para apoyar el curso de la investigación que surgiría a partir de los hallazgos, e indicó que con estas irregularidades se impide la lucha frontal contra la minería ilegal que atenta contra los recursos naturales en estas zonas del país.

Tras la denuncia la organización ambientalista GreenPeace Colombia, reaccionó respaldando lo revelado oficialmente por el ente de control.

“Lo que está diciendo la Contraloría lo hemos experimentado nosotros. Nosotros lo hemos venido denunciando en repetidas ocasiones por casos muy puntuales. Incluso hay otros informes de la Contraloría donde por ejemplo en el Páramo de Pisba (Boyacá), encontraron 34 hallazgos irregulares con respecto al otorgamiento de las licencias ambientales. Eso viene sucediendo en ecosistemas fundamentalmente de recarga hídrica en Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, y Casanare por nombrar algunas regiones”, dijo en Caracol Radio Silvia Gómez directora de Greenpeace Colombia.

Por su parte, el director de Copochivor, Fabio Guerrero le salió al paso a los señalamientos, y explicó que las actividades de la corporación siempre han estado encaminadas a la protección de los recursos naturales.

“Estamos muy inquietos frente a este informe. Nosotros no manejamos dragas (una parte del informe señala que “las dragas y los químicos incautados se dejaron en custodia de los mismos mineros ilegales a los que se los quitaron”) y lo que conocemos es la auditoría de minería de carbón; no tenemos dragas en esta jurisdicción y ese aspecto no tocaría a esta corporación”, indicó Guerrero.

El director de Corpochivor negó que no se esté adelantado un trabajo fuerte contra la minería ilegal: “hemos realizado la declaratoria de áreas estratégicas para protegerlas, tenemos una Mesa Departamental Contra la Minería Ilegal conformada por la Policía, Fiscalía, CTI, por la misma Procuraduría y por las Corporaciones Autónomas Regionales (…). Nosotros cualquier procedimiento y operación la hacemos conjuntamente a través e estas mesas de concentración”.

Reconoció que la problemática de la minería ilegal parece rehusarse a desaparecer “sobre todo en el Páramo de Rabanal, allá tenemos mucha minería ilegal, y lo sabemos, por eso allí es uno de los puntos donde más hemos estado presentes en temas de operativos. Evaluamos la parte administrativa, la fiscalía toma la parte penal, y trabajamos conjuntamente con el resto de las autoridades. Esto nos ha permitido adelantar 36 operativos con igual número de bocaminas cerradas por irregularidades varias”.

Guerrero concluyó que la corporación a su mando “seguirá haciendo su trabajo. La parte del tema sancionatorio seguirá avanzando, y todos nuestros funcionarios están tranquilos porque pese a ese informe, estamos buscando proteger nuestros recursos, y vamos a seguir controlando no sólo la minería ilegal, sino tambien vigilando la legalmente constituida”.

Sobre la posición de la segunda corporación autónoma que opera en Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, este medio buscó insistentemente respuestas en su director Ricardo López Dulcey, pero no fue posible una comunicación efectiva con el funcionario.

 

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