Dos lecturas al acuerdo del cese al fuego desde Valledupar

Una víctima del conflicto armado en Colombia, el campesino cesarense Ángel Campo, opina que se trata de un acuerdo amañado, que en la práctica no va ser posible, porque mientras se dialoga con las Farc en La Habana, a los campesinos en el país se les revictimiza y aún otros grupos guerrilleros como el Eln que siguen operando en regiones como la serranía del Perijá, frontera con Venezuela.

“Es un cese al fuego como amañado, político más que todo, pero que en la realidad no se va a ver. Mientras se haga un cese bilateral con un grupo pero el otro quede todavía vigente, nos va a pasar lo mismo que pasó con los paramilitares, que hubo una desmovilización aparentada, entre comillas, pero ellos siguen delinquiendo, ahora se llaman bacrim, urabeños. Nos va a pasar lo mismo si no se dialoga también con el Eln”, afirma Campo.

Y otra lectura es la que hace desde el punto de vista académico, el economista y docente universitario Carlos Alberto Maestre, quien considera que el cese bilateral del fuego es un hecho inédito con consecuencias políticas.

“Es un hecho político sin lugar a dudas que en un país como Colombia que vivió seis década de conflicto armado con una subversión de ideología comunista, violenta, agresiva y agraria como las Farc, decida ingresar a un proceso de reinserción de sus hombres y de participación en la vida civil. Es un hecho inédito, histórico y positivo para el país. Tiene muchas implicaciones políticas, es un proceso de apertura política, cuyo desarrollo va a depender de qué suceda desde el punto de vista constitucional y legislativo, en cuanto a las normas para implementar los acuerdos, y de la confianza entre los actores, Estado, Farc, partidos políticos, y qué partido y quién asuma la Presidencia de la República cuando termine Juan Manuel Santos”, asegura Maestre.

De acuerdo al analista, el cese al fuego tendrá consecuencias económicas porque los costos los debe asumir el Estado con un voto de confianza por parte de la empresa privada, y afectará la seguridad urbana ya que el Estado debe garantizar la tranquilidad de los ciudadanos ante la reinserción de los desmovilizados para que no se repitan malas experiencias anteriores.