Organizaciones sociales cuestionan tercer bombardeo en el Catatumbo
Ascamcat advierte que las operaciones militares no han logrado frenar la crisis humanitaria.
Organizaciones sociales cuestionan tercer bombardeo en el Catatumbo. / Foto: Abelardo de la Espriella en X.
Norte de Santander.
El tercer bombardeo registrado en el Catatumbo durante el periodo presidencial de Abelardo de la Espriella genera cuestionamientos desde las organizaciones sociales, que advierten sobre los alcances de la ofensiva militar y sus posibles consecuencias para las comunidades rurales de Norte de Santander.
Juan Carlos Quintero, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que la nueva operación militar en jurisdicción de Tibú se produce en medio de una crisis humanitaria que, según indicó, se ha prolongado durante 21 meses sin que se haya logrado estabilizar la situación en el territorio.
“Si bien el Estado colombiano tiene una obligación institucional, esto no va a resolver la grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando hace 21 meses”, manifestó Quintero.
El representante campesino también cuestionó los resultados de las dos operaciones anteriores.
Sobre la primera, realizada en la vereda Sinaí, aseguró que se presentaron afectaciones a bienes civiles y a la población, situación que, según dijo, fue respaldada por pronunciamientos de organismos de control y autoridades locales.
En cuanto al segundo bombardeo, afirmó que el objetivo de alto valor anunciado previamente por el Gobierno no habría sido alcanzado.
A partir de estos antecedentes, cuestionó la efectividad de esta estrategia militar en la región.
“Los bombardeos de Abelardo han sido fracasos, no lo digo yo, lo dicen los resultados”, sostuvo el coordinador de Derechos Humanos de Ascamcat.
Quintero insistió en que la respuesta estatal debe contemplar medidas que trasciendan las operaciones militares y permitan atender las necesidades de las comunidades afectadas por la confrontación armada.
“Hay que afinar las estrategias que permitan generar claramente la garantía de derecho de las comunidades. La protección de la población civil debe ser una prioridad para el Gobierno nacional”, señaló.
La organización también advirtió sobre el subregistro de víctimas de minas antipersona, ataques con explosivos lanzados desde drones, reclutamiento forzado y confinamientos.
De acuerdo con Quintero, las afectaciones se concentran especialmente en Tibú y en la zona dos de El Tarra, aunque también se han extendido a sectores de Sardinata y San Calixto.
