Organizaciones del Catatumbo cuestionan beneficios penales de la Ley de Sometimiento

Norte de Santander.

La reducción de penas para integrantes de grupos armados ilegales y las garantías para las víctimas son los principales cuestionamientos de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) frente a la Ley de Sometimiento a la justicia.

Junior Maldonado, integrante de esta organización, advirtió en entrevista con Caracol Radio que la norma podría generar escenarios de impunidad y pidió a la Corte Constitucional examinar sus implicaciones jurídicas y el procedimiento mediante el cual fue aprobada.

Maldonado cuestionó que el proyecto avanzara, según su interpretación, sin suficiente discusión en el Congreso y señaló que el trámite de la norma también debe ser objeto de revisión constitucional.

“Hay cuestionamientos al trámite y vicios que se dieron para la aprobación de esta ley. Es una ley que en tiempo exprés no tuvo los debates necesarios para poderlo pasar y que hoy se sanciona y que va a entrar a control constitucional debido a los posibles trámites de vicios que se generaron”, afirmó.

Uno de los puntos que más preocupa a la organización es el alcance de los beneficios judiciales contemplados para quienes se sometan a la justicia.

Según Maldonado, la reducción de las penas y la aplicación de subrogados penales podrían disminuir considerablemente el tiempo de privación efectiva de la libertad para algunos condenados.

“Hay una situación en un articulado que señala primero la reducción del 50 % de las penas a las personas o grupos armados o bandas criminales que se acojan a este proceso. Significa darle lo que se ha dicho popularmente, gabelas, a las diferentes organizaciones armadas para que tengan una reducción de penas. Y con los subrogados penales, pues prácticamente una persona que tenga posiblemente condenas de 40 años o a 50 años, podría estar pagando lo que podría decir cuatro o cinco años con los subrogados penales”, manifestó.

El representante de Ascamcat sostuvo que las consecuencias de estos beneficios deben analizarse a la luz de los derechos de quienes han sufrido hechos de violencia.

En su opinión, la búsqueda de mecanismos para el sometimiento de las estructuras armadas no puede dejar en segundo plano las necesidades de verdad, justicia y reparación de las comunidades afectadas.

“Si un grupo armado cometió una serie de hechos victimizantes, las víctimas no están en el centro de esta ley. Precisamente va a haber un manto de impunidad para las víctimas que pudieron ser afectadas por alguna estructura armada o banda criminal que se acoja a este proceso”, advirtió Maldonado.

También cuestionó la participación de las víctimas y de las comunidades campesinas durante la discusión legislativa. Aseguró que, desde su perspectiva, la falta de debates suficientes habría limitado la posibilidad de que estos sectores expusieran sus preocupaciones antes de la aprobación de la norma.

“Yo creo que lo primero que hay que hacer es precisamente por el trámite de vicio que hubo, porque no hubo debates o en el Congreso pasaron a esta ley a pupitrazo, como se dice popularmente, pues ahí no hubo participación de las víctimas para dar su opinión”, señaló.

Frente a la revisión constitucional, Maldonado pidió prestar especial atención a los casos relacionados con posibles violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el propósito de que los beneficios judiciales no impidan esclarecer los hechos ni garantizar los derechos de las personas afectadas.

“Yo creo que las víctimas lo que viene es que la Corte revise también los casos donde se hayan infringido, por ejemplo, violaciones al derecho internacional humanitario, donde se hayan infringido derechos humanos, pues que se pueda contemplar la revisión de esos casos para que no haya impunidad para las víctimas que tanto vienen exigiendo en el país”, concluyó.