Juzgado de Pamplona investiga posible desacato de arzobispo a orden de la Corte
Se busca establecer si se cumplieron las órdenes de entregar información solicitada por dos periodistas.
Arzobispo Jorge Alberto Ossa Soto. / Foto: Cortesía.
Norte de Santander.
El cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional por parte de la Iglesia católica quedó bajo revisión judicial en Norte de Santander.
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pamplona abrió un incidente de desacato contra el arzobispo Jorge Alberto Ossa Soto, para determinar si incurrió en un incumplimiento de las obligaciones fijadas en una sentencia relacionada con el acceso a información sobre sacerdotes denunciados o investigados por violencia sexual contra menores de edad.
La actuación se desprende de la Sentencia SU-184 de 2025, en la que la Corte Constitucional protegió los derechos de petición y acceso a la información de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes adelantan investigaciones sobre denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en instituciones religiosas.
La decisión judicial estableció obligaciones para distintas diócesis y arquidiócesis del país frente a la información requerida.
Entre ellas figura la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, cuyo caso vuelve ahora al escenario judicial para establecer si atendió lo ordenado.
El asunto tuvo un nuevo desarrollo el 9 de septiembre de 2026, cuando la Corte Constitucional, mediante el Auto 1282, rechazó por extemporánea la solicitud de nulidad presentada por Roque Javier Jaimes Caballero, vicario general de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, contra la sentencia.
Con la apertura del incidente, el juzgado deberá evaluar si existe un incumplimiento atribuible al arzobispo y si hay lugar a adoptar medidas o imponer sanciones. La decisión dependerá de lo que se establezca durante el trámite.
Por ahora, la apertura del incidente no equivale a una declaración de responsabilidad. El proceso busca establecer si se acató la orden constitucional y cuáles serían las consecuencias jurídicas en caso de comprobarse su incumplimiento.
