Consulado de papel creado por Petro gastó $500 millones y deja deuda por una sede que nunca se usó

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El consulado de Colombia en Tijuana, creado hace dos años por el gobierno de Gustavo Petro, hoy sigue siendo de papel. A pesar de que no presta ningún servicio y no tiene una sede física, sí contó con una cónsul, que trabajó en provisionalidad hasta el 30 de octubre.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela que, por los nueve meses que ofició como cónsul sin consulado, el Estado le pagó más de 153.000 dólares (cerca de 483 millones de pesos) a Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, y asumió otros gastos generados por ella.

Al elevado salario de esta abogada bogotana se suma una deuda por el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la denominada Zona Dorada de Tijuana. El 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago por ese inmueble. La factura los tomó por sorpresa, pues no sabían nada al respecto.

Al día siguiente, la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores verificó que efectivamente existía un contrato de alquiler para la sede del consulado, que generó compromisos económicos sin que existiera una asignación presupuestal con ese fin. Caracol Radio preguntó a la Cancillería por el monto de esta deuda, pero aún no ha recibido respuesta.

El 6 de octubre, la Embajada le solicitó a la cónsul una copia del contrato en cuestión y un informe sobre la situación, pero no hubo respuesta. El viernes 30, tras presentar su renuncia, Maryory Pabón dejó el cargo.

Pero las cuentas por pagar seguramente no pararán ahí. Un comunicado fechado el 17 de agosto, dirigido a la comunidad colombiana en el estado de Baja California y compartido por la entonces cónsul en un grupo de WhatsApp, se refiere a otros contratos. Por ejemplo, con el arquitecto encargado de la adecuación de la oficina tomada en arriendo y con los responsables del diseño gráfico y la imagen institucional del consulado.

“Estas personas y empresas han venido trabajando y adelantando las actividades para las cuales fueron contratadas, razón por la cual actualmente existen obligaciones económicas pendientes de pago”, afirma el documento, de siete páginas.

Un consulado fantasma

La raíz de este desorden administrativo y presupuestal se remonta al 22 de noviembre de 2024, cuando el entonces canciller Luis Gilberto Murillo expidió el Decreto 1405, mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro les dio vida jurídica a las oficinas consulares de Colombia en Tijuana, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.

Tijuana no solo es la segunda ciudad más poblada de México, sino un punto estratégico por estar en la frontera con Estados Unidos. Además de registrar un alto flujo migratorio, padece una gran disparidad económica y una nutrida presencia del crimen organizado transnacional. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, en esa región residen alrededor de 1.500 colombianos, una población que justificaría el funcionamiento de una sede consular.

No obstante, casi dos años después de su creación, el consulado de Colombia en Tijuana es inoperante. La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México preguntó a Colombia, de manera no oficial, qué había ocurrido con él, porque no volvió a tener noticias desde que entregó el beneplácito para su apertura.

Según pudo establecer esta Unidad Investigativa, el Consulado de Colombia en la Ciudad de México reporta una sobrecarga de trámites y asistencias, debido a que el consulado fantasma en manos de Maryory Pabón le redirigía todos los requerimientos que recibía. En la práctica, los funcionarios en la capital mexicana deben responder por todas las solicitudes y necesidades de colombianos en Tijuana y Baja California.

Aunque la Embajada de Colombia organiza consulados móviles ocasionales, los funcionarios tienen que recorrer cerca de 2.700 kilómetros hasta Tijuana, una distancia que dificulta la atención oportuna a los connacionales.

Pero el problema en Tijuana no se limita a las actuaciones de la cónsul. También se cuestiona la creación misma de esa dependencia. Consultado sobre este particular, el exministro Luis Gilberto Murillo, quien pidió el beneplácito de México para abrir el consulado en Tijuana, le dijo a esta Unidad Investigativa que debía revisar sus archivos porque no recordaba el proceso. Finalmente, se limitó a asegurar que “toda apertura de consulado era precedida de estudios y disponibilidad presupuestal”. Sin embargo, la Cancillería afirma no tener evidencia de ningún estudio previo.

De Calgary a Tijuana

Antes de que Maryory Pabón terminara al frente del consulado en Tijuana protagonizó un pleito judicial por su designación en Canadá, donde se había radicado en 2018 y donde trabajó desde Vancouver en la campaña presidencial de Gustavo Petro. El canciller Murillo la nombro cónsul en Calgary el 25 enero de 2025, pero el decreto fue demandado por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo). Dos meses después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó su suspensión.

Finalmente, el nombramiento fue anulado el 3 de abril de 2025. La razón fue que Pabón llegó al cargo en provisionalidad, a pesar de haber 30 funcionarios de carrera disponibles para ocupar esa plaza. En julio de este año, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión.

Un año después de su fallida designación en Canadá, Pabón fue enviada a Tijuana. En enero de 2026, la entonces canciller Rosa Villavicencio firmó el decreto correspondiente. “Cuando llegué, me encontré el tema y me dijeron que la orden era contratarla”, le dijo la exministra a Caracol Radio.

Villavicencio defiende la decisión de haber nombrado a una cónsul sin consulado. Y asegura que esto se ha hecho varias veces, precisamente para que el nuevo funcionario se encargue de todos los trámites relacionados con la apertura de la sede diplomática.

Según recuerda, en junio se decidió cuál sería el inmueble donde funcionaría el consulado en Tijuana. “La burocracia hizo que el trámite se fuera hasta julio, cuando ya habían pasado las elecciones. La secretaria general (de la Cancillería, Elvira Sanabria) cambió y el nuevo secretario, que era un embajador de carrera, dijo que iba a dejar eso quieto hasta que llegara el nuevo gobierno”, cuenta la exministra.

La Fiscalía y la Procuraduría tienen la palabra

Antes de la salida de Pabón, en la Embajada de Colombia en México había funcionarios preocupados por el hecho de que la cónsul devengaba su asignación salarial sin ejercer efectivamente sus competencias. Por estar al frente de una oficina de papel recibió 14.700 dólares mensuales (casi 47 millones de pesos) entre el 20 de enero y el 30 de octubre. Además, en el momento de su designación le giraron otros 20.338 dólares por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico.

Junto con su renuncia, Pabón presentó un informe de gestión que da cuenta de visitas a connacionales presos en cárceles de Baja California, y de un consulado móvil de tres días, que dejó un saldo de 211 trámites y un recaudo cercano a los 10.000 dólares, es decir, la decimoquinta parte de los honorarios que ella recibió.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la anuencia a su nombramiento se otorgó el 27 de marzo de 2026. Esto quiere decir que Pabón recibió dos meses de salario como diplomática sin haber sido acreditada por el país donde prestaba sus servicios.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio contactó a la excónsul, quien dijo no estar autorizada para responder a los medios, a pesar de que ya no tiene vínculos con el Gobierno. “Tengo toda la trazabilidad de mi gestión y mi nombramiento en el correo institucional y un backup en un repositorio asegurado. Cuando me autoricen, con gusto se los puedo enviar”, afirmó.

Lo que ha encontrado el equipo del canciller Omar Bula en relación con este caso es tan irregular que el 27 de agosto, apenas tres semanas después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría todas las actuaciones relacionadas con el consulado en Tijuana.

Desde la propia Embajada en México se reconoce la necesidad de contar con una oficina consular en la frontera norte de ese país. Sin embargo, el Gobierno Nacional ya decidió que el proyecto se cancela. Desde hoy, de las diezmadas arcas públicas dejarán de salir los 14.700 dólares mensuales que se ganaba la cónsul sin consulado. Sólo resta saber de qué tamaño es la deuda que dejó por el arrendamiento de un local que nunca se usó.