Denuncian penalmente a tres exministros por crisis de salud de los maestros en el FOMAG

La crisis del sistema de salud del magisterio llegó a la Fiscalía. Pablo Bustos presentó una denuncia penal contra tres exministros del gobierno de Gustavo Petro por presuntas responsabilidades en las decisiones que llevaron a la implementación del nuevo modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Los denunciados son Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Aurora Vergara, exministra de Educación. Según los hechos expuestos por Bustos, las decisiones adoptadas entre 2023 y 2026 habrían desencadenado problemas en la contratación de la red de prestadores, dificultades en la atención médica y un déficit estimado en $2,7 billones.

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La denuncia señala que el primer episodio ocurrió en octubre de 2023, cuando se canceló la licitación con la que se buscaba contratar los servicios de salud para los maestros, después de que el entonces presidente Gustavo Petro anunciara que se detendría el proceso. Seis meses después, en abril de 2024, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó un nuevo modelo de atención, junto con cambios en la contratación y el traslado de $1,24 billones para su puesta en marcha.

Sin embargo, el modelo comenzó a operar en mayo de 2024 y dos meses después ya se reportaban dificultades con la entrega de medicamentos. A esto se sumó el vencimiento de los contratos de la red de prestadores en diciembre de ese año y las diferencias entre el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora sobre quién tenía la competencia para contratar los servicios. La situación llevó a que la Superintendencia Nacional de Salud impusiera una medida cautelar en septiembre de 2025 y reportara, en mayo de 2026, incumplimientos en ocho de las 13 órdenes impartidas al FOMAG.

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El pasado 2 de octubre de 2026 se trasladaron $859.000 millones del componente de pensiones al de salud. No obstante, el déficit estimado continúa en $2,7 billones.

Los hechos también están bajo revisión de la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Salud, mientras la denuncia penal busca que la Fiscalía establezca si hubo responsabilidades individuales de los exfuncionarios señalados.