Académicos piden mantener suspendida la aspersión aérea con glufosinato de amonio en Colombia

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Un grupo de 33 académicos, investigadores y profesionales de la salud ambiental pide mantener suspendida la implementación de aspersiones aéreas con glufosinato de amonio para erradicar hoja de coca, al advertir que todavía existen incertidumbres científicas sobre los posibles efectos de ese químico en la salud humana y en el medio ambiente.

La solicitud se hizo a través de una carta de 9 páginas directamente a la ministra de Salud, Ana María Vesga , y a la directora general del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá.

En el documento, los profesionales sostienen que el cambio de glifosato por glufosinato de amonio no constituye, por sí solo, una garantía de seguridad pues se debe hacer una evaluación integral que contemple la sustancia, su formulación comercial, las dosis previstas y las condiciones en las que se realizarían las aplicaciones.

Advierten sobre los posibles efectos en la salud

La carta señala que la información toxicológica disponible sobre el glufosinato de amonio incluye hallazgos experimentales que deben examinarse cuidadosamente, entre ellos determinados efectos neurológicos y reproductivos observados en animales.

“El glufosinato de amonio posee un perfil toxicológico propio y debe evaluarse considerando la formulación comercial completa, sus coformulantes, las dosis propuestas, las condiciones operacionales de aplicación y las características ambientales y sociales de los territorios donde se pretenda utilizar. El proceso de evaluación de riesgos potenciales se da en un escenario de evidencia científica escasa donde es necesario reconocer la incertidumbre”, indica la carta enviada a las cabezas del sector de la Salud.

Protección para las comunidades rurales

Los investigadores también llaman la atención sobre los riesgos que podrían enfrentar las poblaciones cercanas a las áreas de aspersión, especialmente cuando existen viviendas dispersas, escuelas, cultivos de subsistencia, fuentes de agua y territorios de comunidades étnicas.

Según la carta, la evaluación debe contemplar la posible dispersión del producto, la exposición por inhalación y contacto dérmico, así como la eventual contaminación del agua y los alimentos.

El documento plantea que mujeres embarazadas, niños, personas mayores y comunidades con dificultades de acceso a servicios de salud requieren una evaluación específica de sus condiciones de exposición y vulnerabilidad.

Además, los firmantes solicitan garantizar la participación de las comunidades potencialmente afectadas y la consulta previa cuando sea constitucional y legalmente exigible.

Invocan el principio de precaución

Los académicos recuerdan que la experiencia colombiana con las aspersiones aéreas de glifosato dejó lecciones sobre la necesidad de evaluar no solo las características de una sustancia, sino también las condiciones reales de aplicación, la exposición involuntaria de las comunidades y las posibles afectaciones ambientales.

En ese contexto, hacen referencia a la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional y a las obligaciones del Estado de proteger los derechos a la salud, al ambiente sano, al agua y a la participación.

Los autores subrayan que la incertidumbre científica no significa que todos los daños potenciales estén demostrados, pero tampoco permite concluir que la aplicación del herbicida sea segura.