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Líneas de base en San Andrés: ¿Qué debe cumplir Colombia tras fallos de La Haya? Abogado explica

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El Gobierno anunció que el próximo 30 de noviembre publicará la cartografía oficial con las líneas de base para medir los espacios marítimos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Fabián Cárdenas, abogado experto en Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, explicó en Dos Puntos que el anuncio representa un avance para Colombia, pero advirtió que el trazado debe ajustarse a las obligaciones jurídicas derivadas de los fallos internacionales.

Sin embargo, la metodología que se utilizará para delimitar estas áreas genera interrogantes jurídicos, debido a las decisiones que ha adoptado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la controversia marítima con Nicaragua.

El especialista señaló que las líneas de base son puntos cartográficos definidos por un Estado para medir los espacios marítimos que le corresponden. Por esta razón, considera que su publicación es necesaria para que Colombia pueda establecer con precisión las áreas sobre las cuales ejerce sus derechos marítimos.

No obstante, sostuvo que todavía existen interrogantes sobre el alcance de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y la forma en que deben aplicarse al momento de elaborar la cartografía oficial.

¿Qué son las líneas de base marítimas y por qué son importantes para Colombia?

Las líneas de base son referencias geográficas a partir de las cuales se miden los diferentes espacios marítimos contemplados por el derecho internacional del mar. En el caso colombiano, su delimitación resulta relevante para establecer los derechos marítimos asociados al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Cárdenas destacó que lleva más de 12 años defendiendo, desde publicaciones académicas y espacios de opinión pública, la necesidad de que el país establezca estas referencias cartográficas.

Sin embargo, advirtió que su definición no puede hacerse de manera arbitraria. Según explicó, el Gobierno debe determinar previamente cuál es el margen de maniobra jurídico que tiene Colombia y, posteriormente, desarrollar el trabajo cartográfico y geodésico necesario para establecer las líneas.

El abogado sostuvo que el proceso requiere dos componentes: uno jurídico, relacionado con la interpretación de los fallos internacionales, y otro técnico, encargado de realizar la delimitación de acuerdo con las reglas aplicables del derecho del mar.

Experto cuestiona propuesta de encerrar todo el archipiélago

Uno de los puntos de la discusión es la propuesta atribuida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, de utilizar una metodología que permita delimitar el archipiélago en su conjunto mediante líneas de base.

Cárdenas cuestionó esa posibilidad y explicó que la teoría de los archipiélagos de Estado, defendida décadas atrás por el internacionalista Enrique Gaviria Liévano, no podría aplicarse actualmente en los términos planteados, debido a las decisiones que ya adoptó la Corte Internacional de Justicia.

Según el experto, el fallo del 19 de noviembre de 2012 estableció criterios que impiden tratar todas las formaciones insulares como una sola unidad para definir sus líneas de base.

En ese sentido, indicó que las formaciones del archipiélago, entre ellas San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Serrana, Bajo Nuevo y Albuquerque, deben contar con líneas de base trazadas de manera independiente, conforme a las decisiones judiciales correspondientes.

El abogado insistió en que el Gobierno debe estudiar cuidadosamente los fallos antes de expedir los decretos relacionados con la cartografía marítima.

A su juicio, desconocer esas decisiones podría llevar a Colombia a adoptar una metodología contraria a sus obligaciones internacionales.

¿Colombia está obligada a cumplir los fallos de La Haya?

Durante la entrevista, el especialista también se refirió a la decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos de retirar a Colombia del Pacto de Bogotá, después del fallo de 2012.

Este tratado, suscrito en 1948, constituye uno de los instrumentos que permitían someter controversias entre Estados americanos a mecanismos pacíficos de solución, incluida la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia bajo las condiciones correspondientes.

Cárdenas explicó que la denuncia del Pacto de Bogotá no eliminó los efectos jurídicos de una sentencia que ya había sido emitida cuando Colombia todavía estaba vinculada al tratado.

Por esta razón, señaló que el fallo de 2012 mantiene su validez y que Colombia debe cumplirlo, independientemente de su posterior retiro del Pacto de Bogotá.

El experto agregó que la salida del tratado podía tener efectos frente a futuras controversias, según las condiciones jurídicas aplicables, pero no anulaba las obligaciones derivadas de un proceso que ya había concluido.

También sostuvo que las decisiones anteriores tuvieron consecuencias para el país en la delimitación de sus espacios marítimos y cuestionó la preparación especializada de los equipos jurídicos que representaron a Colombia en esas controversias.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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