Alerta temprana en Jamundí, Valle, por homicidios, secuestros y reclutamiento de menores

El control territorial del Frente Jaime Martínez, las amenazas de expansión de otros grupos armados ilegales y el aumento de las afectaciones a la población civil llevaron a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta temprana para Jamundí, Valle del Cauca.

La Alerta Temprana 023 de 2026 advierte sobre homicidios, desapariciones forzadas, secuestros extorsivos y amenazas contra habitantes de zonas urbanas y rurales del municipio. El documento también identifica riesgos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como ataques y presiones contra comunidades indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y entornos educativos.

Según la Defensoría, el principal factor de riesgo es el control que ejerce el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, adscrito al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas. A este escenario se suma la amenaza de incursión del Frente 57 Yair Bermúdez, anunciada desde el 22 de mayo de 2026, y el tránsito de células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

56 homicidios en menos de cinco meses

Entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2026, Jamundí registró 56 homicidios, una tasa de 28,4 casos por cada 100.000 habitantes. El 73,2 % de las muertes violentas ocurrió en la zona urbana.

En los sectores rurales de Timba y Río Claro se han reportado homicidios con características de violencia ejemplarizante, en los que los cuerpos son abandonados en vías públicas junto a mensajes amenazantes.

La alerta también advierte sobre desapariciones forzadas y secuestros extorsivos de transportadores, comerciantes y personas extranjeras en las zonas de Villa Paz y Robles.

Otro de los factores identificados es el uso de drones con cargas explosivas tipo granada por parte del Frente Jaime Martínez para atacar a la fuerza pública, una modalidad que la entidad también ha documentado en las acciones del Frente Carlos Patiño.

Riesgo de reclutamiento de menores

La Defensoría identificó un corredor regional de reclutamiento forzado en el que niñas, niños y adolescentes serían captados mediante manipulación emocional y redes sociales, para después ser trasladados a escuelas de entrenamiento en El Naya.

De acuerdo con la alerta, algunos menores recibirían entrenamientos de aproximadamente 15 días en el manejo de drones y explosivos. Posteriormente, serían devueltos a sus instituciones educativas para realizar labores de inteligencia y vigilar al personal docente.

Amenazas contra líderes y comunidades educativas

Las comunidades indígenas y afrodescendientes también están expuestas a las amenazas de los grupos armados. Jamundí cuenta con un 29,3 % de población con pertenencia étnica, organizada en 15 consejos comunitarios afrodescendientes y tres autoridades del pueblo indígena Nasa.

La alerta señala que guardias indígenas y cimarronas, así como líderes de juntas de acción comunal, enfrentan presiones por defender sus territorios y oponerse a economías ilegales relacionadas con los cultivos de coca y la minería ilegal de oro en el río Cauca.

Entre los hechos documentados figura el asesinato, el 30 de agosto, de una lideresa del comité del Adulto Mayor en la vereda Chontaduro, corregimiento de Peón. Tres meses antes había sido asesinada una madre buscadora en el sector de Río Claro. Además, la vivienda de un líder afrodescendiente fue atacada con disparos en Bocas de Palo, después de que denunciara la destrucción de dragas utilizadas en minería ilegal.

El entorno escolar también registra afectaciones. Se han suspendido clases por hostigamientos en la institución educativa de San Antonio, detonado de manera controlada una carga explosiva cerca del centro educativo General Padilla, en San Vicente, y reportado prácticas militares con drones en canchas de fútbol de La Liberia. También se han registrado ataques contra las subestaciones de Policía ubicadas frente a las escuelas de Robles y Potrerito.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 36 recomendaciones a entidades como los ministerios del Interior y de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población de Jamundí.