Pedro Rodríguez rompe su silencio y salpica a primo de Camilo Romero y empresario por caso licores

Un proceso de contratación abreviada vía decreto con el propósito de vender y comercializar aguardiente durante la temporada decembrina y el Carnaval de Negros y Blancos ha mantenido en aprietos judiciales, por más de 10 años, al exgobernador de Nariño Camilo Romero y a su secretario de Hacienda, Mario Benavides.

Caracol Radio conoció en exclusiva la declaración de un testigo que llegó a último minuto al juicio que se sigue por cinco delitos contra la administración pública: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y asociación para cometer un delito contra la administración pública.

Se trata de Pedro Rodríguez Melo, condenado por el caso de corrupción en la UNGRD, quien, tras lograr un principio de oportunidad, decidió romper su silencio sobre este otro proceso, en el que estuvo involucrado como asesor de la Oficina Jurídica de esa Gobernación entre el primero de enero de 2016 y el 2 de febrero de 2019.

La relación entre Rodríguez Melo y Romero viene de tiempo atrás y está ligada a una historia familiar.

Rodríguez Melo estuvo casado con una prima hermana de Camilo Romero. Esto, sumado a su amplia experiencia como abogado, lo llevó a ocupar un cargo en la Gobernación.

Fue allí donde, según su declaración del 16 y 17 de septiembre de 2026, comenzaron las presuntas maniobras para que un empresario se quedara con la venta de licores. Según Melo, las órdenes venían de Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero.

“Frente a eso, yo tengo que ser muy concreto en decir que el gobernador (Romero) nos dio una línea, precisamente, de avanzar en el estudio para determinar esas viabilidades y que estos temas puntuales se organicen directamente con Felipe Arango”.

El exfuncionario agregó que Romero impartió esa instrucción directamente a Arango y que, a partir de ese momento, las orientaciones sobre el desarrollo del proceso se canalizaron principalmente a través de él.

“Felipe Arango era una persona de su máxima confianza, y nos da a entender que su confianza está en él y que con él tenemos que lograr sacar adelante ese importante proceso”, señaló Rodríguez Melo durante la audiencia.

Según explicó, las dificultades para reunirse con el gobernador, debido a sus desplazamientos y compromisos de agenda, también hicieron que Arango se convirtiera en el interlocutor para avanzar en las decisiones relacionadas con la licitación.

“Lo segundo ya es una línea en donde él (Arango) manifiesta que esa venta tenía que hacerse con las personas que han colaborado en la campaña”, manifestó.

¿Pero quién era ese empresario?

Melo señaló a Richard Portilla, socio de la Organización Licores de Nariño. Según diferentes investigaciones periodísticas, el aporte a la campaña a la gobernación habría sido de 600 millones de pesos.

“Yo tuve conversaciones con él (Portilla) posteriormente a posesionarme como asesor jurídico y él me hizo esa manifestación. En aras de fortalecer el grupo político, ellos estaban para ayudar y que lo convenido, según palabras de él mismo con el gobernador, era que ellos se iban a encargar de esa distribución. Eso me lo dijo Portilla a mí en por lo menos tres o cuatro oportunidades en la Gobernación (…). Él decía que ellos invirtieron una suma importante en la campaña".

Rodríguez dio detalles de la elaboración del decreto para la venta de licores de Nariño, en el que se excluyó el Estatuto de Contratación Estatal.

Aseguró que en esa reunión participaron Angélica Cruz y Adriana Milena Amaya, colaboradoras de la Secretaría de Hacienda de Nariño. Posteriormente, el documento fue firmado por Mario Benavides como gobernador encargado.

“Mario Fernando Benavides y Adriana Amaya, recuerdo que, de manera jocosa, me dicen: “Si usted firma primero, nosotros firmamos después”, dijo Rodríguez Melo.

Condenado por la UNGRD y por el caso de Licores de Nariño

Al cierre de su intervención, Melo afirmó que, tras ser vinculado al caso de corrupción en la UNGRD, junto con Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros implicados, decidió levantar la mano, no solo en ese escándalo, sino también por lo ocurrido en la Gobernación. En otras palabras, reconoció su responsabilidad en este proceso, en el que mantuvo una defensa silenciosa durante más de ocho años.

“Estoy cumpliendo una pena de cuatro años y ocho meses en el caso de Licores de Nariño y por el delito de falsedad ideológica en documento público. Por el otro proceso, una pena de cuatro años y diez meses, con detención intramural y con inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos de carácter vitalicio”.

El contrainterrogatorio

El abogado Miguel Ángel del Río realizó el contrainterrogatorio como defensor de Camilo Romero. Rodríguez Melo reconoció que nunca recibió una orden directa del exgobernador de Nariño y figura política del Pacto Histórico para cometer una actuación irregular.

Según sus afirmaciones, todo se concentró en lo dicho por el empresario Portilla y por Andrés Felipe Arango, quien también solicitó un principio de oportunidad.

Estas fueron algunas de las preguntas y respuestas durante el contrainterrogatorio:

—¿La supuesta reunión sobre ese tema se llevó a cabo, correcto?

—Sí.

—¿El gobernador fijó un precio en esa reunión?

—No.

—¿Fijó una cantidad?

—No.

—¿El gobernador mencionó a algún comprador en esa reunión?

—No.

—¿El gobernador dijo que debía cambiarse el procedimiento?

—No.

—¿El gobernador dijo que debía omitirse la publicidad?

—No.

—Es decir, usted no escuchó directamente al gobernador dar esa instrucción, ¿correcto?

—No.

Caracol Radio consultó al exgobernador y exembajador de Colombia Camilo Romero sobre las declaraciones de Pedro Rodríguez Melo. Romero aseguró que el testimonio de Melo permite acreditar que en ningún momento le dio órdenes de cometer algún acto ilícito. También respaldó el proceso adelantado por su abogado, Miguel Ángel del Río, y recalcó que el decreto expedido en agosto de 2016 se adjudicó bajo las reglas de licitación de la época y que la Contraloría pudo acreditar que no hubo ningún detrimento para la administración pública.

“Esas reglas cambiaron con la Ley 1816, que el Congreso expidió el 19 de diciembre de 2016. Esa ley dispuso que, de ahí en adelante, la venta de los licores de los departamentos se hiciera según las reglas de la contratación pública, y señaló que empezaba a regir el 1 de enero de 2017. Por eso, a partir de 2017, la venta del aguardiente se tramitó como un proceso de contratación. La venta de agosto de 2016 se hizo antes de que esa ley existiera, con las reglas que regían en ese momento, la ordenanza y el decreto de precios”, le dijo el exembajador a Caracol Radio.

Sin embargo, la declaración de Melo deja interrogantes sobre las actuaciones del empresario Richard Portilla, la asesora Adriana Amaya y el gobernador encargado que terminó firmando el decreto de licores, Mario Benavides.