Procuraduría formula pliego de cargos contra dos funcionarios de la gobernación
El proceso está relacionado con la compra de chalecos blindados para la Policía de Boyacá por más de 5.000 millones de pesos.
El Ministerio Público cuestionó un requisito técnico relacionado con la protección frente a descargas eléctricas y señaló que no habría existido un riesgo probado que lo justificara.
Boyacá
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, y contra William Yesid Archila Cárdenas, quien se desempeñaba como secretario de Contratación en 2023, por presuntas irregularidades en el proceso de compra de chalecos blindados para la Policía del departamento, por un valor superior a los 5.000 millones de pesos.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá, en el proceso de selección se habría establecido como requisito que la tela utilizada en los chalecos impidiera la transferencia de energía eléctrica al cuerpo. Para el Ministerio Público, esta exigencia pudo afectar los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal, al limitar la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la igualdad de condiciones entre los participantes.
El organismo de control señaló además que en los estudios previos y en el pliego de condiciones no se habría aportado evidencia que demostrara que los uniformados estaban expuestos a un riesgo que hiciera necesaria esta protección. También indicó que no encontró registros de ataques con dispositivos tipo táser contra integrantes de la Policía en el departamento de Boyacá.
Según la Procuraduría, al no existir una necesidad real ni un riesgo probado, la inclusión de este requisito podría haber sido desproporcionada y carecer de una justificación técnica y fáctica. Por estos hechos, el Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye, por sí misma, una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los funcionarios investigados.
