¿Castigaron a un oficial de la Policía por encontrar chats sobre el Clan del Golfo y campaña Petro?
El oficial acudió a la Procuraduría. Pide establecer si haber reportado el hallazgo de un teléfono terminó afectando su ascenso y derivó en 10 traslados.
¿Castigaron a un oficial de la Policía por encontrar chats sobre el Clan del Golfo y campaña Petro?
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Desde hace meses hay un secreto a voces en la Policía y las Fuerzas Militares: decenas de oficiales aseguran que han sido trasladados, marginados y hasta bloqueados en sus ascensos por cuenta, aparentemente, de operativos que se volvieron incómodos para algunos intereses relacionados con la fallida política de paz total del anterior gobierno.
6AM W conoció una queja presentada en junio de 2026 por la abogada Sandra Victoria Vargas Castillo ante la Procuraduría General de la Nación, en representación del teniente de la Policía Nacional, Ronal Mendoza Martínez, cuyo testimonio podría ser otro de tantos casos que poco a poco han salido a la luz.
En el documento, que está en poder de este programa, se exponen señalamientos por presunto acoso laboral, persecución y vulneración del debido proceso en su trámite de ascenso. Además, se pide indagar las actuaciones de distintos funcionarios y dependencias de la Policía, el Ministerio de Defensa, la Presidencia y la Dirección Nacional de Inteligencia.
Según la queja, Mendoza ingresó a la Policía el 14 de enero de 2014 y durante más de 12 años de servicio no habría tenido investigaciones ni sanciones. Como respaldo, su abogada cita una extensa lista de felicitaciones y reconocimientos obtenidos durante su carrera, particularmente por su trabajo en Chocó, donde lideró operaciones y actividades de seguridad, inteligencia e incorporación.
El teniente es un experimentado investigador criminal que llegó a ese departamento, golpeado por la minería ilegal, el narcotráfico y otras dinámicas delictivas que tienen una fuerte presencia del Clan del Golfo.
Un operativo que se habría vuelto “condena institucional”
La historia del oficial tiene un antes y un después y tendría como punto de inflexión un operativo en el que él participó en julio de 2022. De acuerdo con la queja, en esa operación tuvo acceso a información sobre las dinámicas del Clan del Golfo, contenida en conversaciones almacenadas en un celular que aparentemente pertenecía a un integrante de esa estructura criminal.
La queja sostiene que en el teléfono había mensajes que, según el denunciante, mencionaban en algunos apartes al entonces candidato Gustavo Petro y, en otros, a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’.
“Lo que evidencia, que esta primera eliminación de ascenso- octubre de 2024- guarda relación en el tiempo siendo anterior, con la fecha del informe que mi poderdante rindió a inteligencia de la Policía Nacional, sobre los hechos del móvil incautado, en cuyos chats, se relatan cifrados mensajes que vinculan al presidente Petro con los grupos al margen de la ley del Clan del Golfo, y que se encuentran hoy – 24 de junio de 2026- divulgados por los medios de comunicación en especial por noticias caracol, en el cual, en los audios se señala el acuerdo entre dicho grupo armado y funcionarios del Gobierno Nacional, de purgar el ascenso de oficiales de la Policía Nacional”, puntualiza.
A partir de ese hallazgo, el oficial elaboró un informe de inteligencia en el que consignó que el dispositivo contenía información sobre la producción de droga y sobre un supuesto apoyo de miembros de esa organización a “un candidato de apellido Petro”. Ese informe lo entregó a sus superiores.
La defensa del teniente considera que ese antecedente adquiere relevancia a la luz de los audios que posteriormente se conocieron públicamente sobre supuestos acuerdos entre integrantes del Clan del Golfo y funcionarios del Gobierno para “purgar” o congelar ascensos de policías.
La tesis que plantea la defensa es que, después de elaborar ese informe de inteligencia con información sensible, Mendoza comenzó a enfrentar una serie de decisiones adversas en su carrera.
La abogada sostiene que el oficial fue excluido del ascenso en tres oportunidades. La primera ocurrió en octubre de 2024. Aunque inicialmente su nombre aparecía propuesto en el puesto 38 de su curso, posteriormente fue retirado del decreto de ascenso y la Junta Asesora no recomendó su promoción.
En mayo y noviembre de 2025 volvió a quedar por fuera de las promociones. Según la queja, hasta junio de 2026 Mendoza desconocía las razones concretas de esas decisiones.
De acuerdo con el documento, en las dos primeras oportunidades la Policía argumentó que el no ascenso obedecía a “razones del buen servicio” y a que no se cumplían plenamente las expectativas y conveniencias institucionales.
La defensa pide a la Procuraduría establecer por qué la Junta inicialmente lo propuso y posteriormente retiró su nombre. También solicita examinar un documento de la Junta de Evaluación y Clasificación que considera posiblemente apócrifo.
El escrito dedica varias páginas a relacionar casos de oficiales que, según la defensa, sí fueron ascendidos pese a registrar antecedentes, investigaciones, sanciones o controversias.
Entre ellos menciona a:
- Capitán Cristian Eduardo Rueda Suárez;
- Teniente coronel Héctor Camilo Vidal Rivera;
- Mayor Óscar Eduardo Gómez Lara;
- Mayor José Wilton Arias Peralta;
- Capitán Isaac de Jesús Carmona;
- Capitán Fabio Andrés Castañeda Olarte.
A partir de esos casos, la queja plantea que la Policía habría aplicado criterios diferentes a Mendoza frente a otros oficiales.
Sobre el mayor Óscar Eduardo Gómez Lara, por ejemplo, es señalado en publicaciones periodísticas por supuestos nexos con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Según la defensa, pese a esas informaciones, fue ascendido al grado de teniente coronel.
Traslados que la defensa califica como persecución
La defensa asegura que Mendoza tuvo 10 traslados en aproximadamente tres años, entre noviembre de 2022 y enero de 2026. Calcula que permaneció, en promedio, unos 118 días en cada cargo, es decir, menos de cuatro meses.
Entre esos movimientos estuvo su traslado de Chocó a Norte de Santander, dos departamentos identificados en el documento como zonas de alta afectación para la fuerza pública.
La queja cuestiona la sucesión de movimientos y sostiene que estos podrían hacer parte de la presunta persecución que el teniente asegura haber experimentado dentro de la institución.
Esto, además, contrastaría con su desempeño académico y profesional: registra buenos resultados, obtuvo una beca de estudios desde mayo de 2025, ocupó el primer puesto durante el primer período y presentó satisfactoriamente un proyecto de grado en diciembre de ese año.
Sin embargo, 30 días antes de graduarse como profesional en investigación judicial de la escuela de la Dijín, recibió una orden de traslado a la Policía Metropolitana de Bogotá y tuvo que abandonar sus estudios. Para su abogada, este sería otro episodio irregular y de presunto acoso y persecución dentro de la Policía.
La petición a la Procuraduría
La queja presentada ante el Ministerio Público pide establecer, en primer lugar, qué ocurrió en las Juntas Asesoras de octubre de 2024, mayo y octubre de 2025. También menciona a directivos de la DNI y solicita verificar la existencia de posibles acuerdos entre el Comisionado de Paz y el Clan del Golfo relacionados con los ascensos.
Además, reclama que se garantice a Mendoza su proyección de carrera, estabilidad laboral y evaluación por mérito, y que no se utilicen decisiones justificadas en “necesidades del servicio” para perjudicarlo.
La tesis de la defensa es que Ronal Mendoza habría sido objeto de una sucesión de decisiones adversas (tres negativas de ascenso, múltiples traslados y la interrupción de sus estudios) después de elaborar un informe de inteligencia sobre el Clan del Golfo que contenía información sensible sobre supuestos vínculos de esa organización con personas cercanas al entonces candidato Gustavo Petro.
La defensa pide determinar si existe alguna relación entre esos hechos y una eventual intervención indebida en los procesos de ascenso de los oficiales, un tema que ha generado ruido desde hace tiempo no sólo en la Policía; también en las Fuerzas Militares, sin que la justicia llegue aún al fondo del asunto.
Marcela Puentes Quintero
Periodista de 6AM W de Caracol Radio. Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana....
