JEP exige al gobierno garantías para sus funcionarios tras secuestro de una de sus abogadas en Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le exigió al Gobierno Nacional que brinde garantías para sus funcionarios luego de que una de sus abogadas y los escoltas que la acompañaban fueran temporalmente secuestrados por cerca de 40 minutos en zona rural de Itaibe, municipio de Páez (Cauca).

“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales y la magistratura”, indicó el tribunal.

La abogada identificada como Sandra Mónica Herrera y los dos miembros de su esquema de protección se trasladaban desde el municipio de Hobo hasta La Plata en el Huila, cuando fueron interceptados por hombres armados con fusiles quienes los obligaron a descender del carro y también les hurtaron las pistolas que portaban los escoltas.

Según lo establecido, los responsables de la retención y robo del automotor portaban prendas negras y usaban botas de caucho. Al parecer ya conocían que la camioneta era de la UNP al momento de interceptarla.

Los escoltas y la abogada fueron dejados en medio de la carretera destapada a la altura de un puente, en la vía que conduce hacia el municipio de Páez. Todos se encuentran en buen estado de salud.

Las amenazas previas que había sufrido la abogada

Según lo indicado por la jurisdicción, lo ocurrido con la abogada Sandra Herrera es el hecho más grave que se suma a una cadena de amenazas e intimidaciones sufridas por cuenta de su trabajo como abogada de exintegrantes de las Farc.

La litigante, quien labora mediante convenio con la organización FUPAD, ya había denunciado riesgos para su seguridad por lo que el pasado 6 de mayo la UNP le asignó un esquema de protección.

“Pese a que la abogada y sus dos escoltas fueron liberados, la JEP deja claro que se trató de un secuestro toda vez que las tres personas fueron retenidas mediante coacción”, indicó el tribunal transicional.